La insoportable inseguridad ciudadana

Muchos peruanos están fascinados por el llamado fenómeno Bukele. Es lógico. La criminalidad, de la mano de la impunidad, ya ha adquirido niveles de espanto en nuestro país. Los peruanos viven paranoicos por la vulnerabilidad que respiran en sus calles, atacados por rateros y asaltantes que les amenazan con armas de todo calibre, causándoles heridas, contusiones o, inclusive, la muerte.

Sus viviendas son violadas con pasmosa facilidad; sus vehículos desaparecen como por arte de magia; los paraderos del Metro, el Metropolitano y/o cualquier otro espacio donde la gente espera algún medio de transporte –o asimismo aquellas cuadras de cuadras de cola para entrar a un hospital– son espacios preferidos por los hampones para cometer sus delitos o perpetrar algún crimen. No existe lugar seguro. Basta este breve listado para justificar el ánimo esquizofrénico de la sociedad.

Esto se viene agudizando en diferentes distritos y barrios. Esta insufrible condición de vida, se agrava por la desidia que campea entre las entidades del Estado que deben intervenir para aplicar –enérgica, oportuna, implacablemente– la ley a quienes delinquen. Por ejemplo, la Policía Nacional sólo cuenta con 150,000 efectivos dotados con escasos patrulleros ya destartalados; comisarías ruinosas, incomunicadas y desabastecidas hasta de papel para levantar un parte, etc. Sin embargo ene veces decenas de ministros del Interior han ofrecido acabar con esas lacras. No obstante, todo sigue igual; o incluso peor que antes.

Por otro lado, el Ministerio Público envía fiscales de quinta categoría para enfrentar semejante amenaza pública, quienes sólo aplican medidas ridículas para contener un tsunami criminal como el que tenemos al frente; al extremo que 95% de los casos que maneja la Fiscalía los considera delitos “menores”, aunque por su modalidad, violencia y frecuencia corresponden a auténticos crímenes de alta peligrosidad. De otra parte, la mayoría de veces el delincuente queda libre, sin ser fichado, menos aún enjaulado en una carceleta, y hay que denunciarlo ante un juez para ser procesado por flagrancia e ingresarlo en un penal.

Pero de ninguna forma dejándolo libre, como ocurre en el 95% de los robos, asaltos, etc., que diariamente ocurren en nuestras ciudades. Asimismo el poder Judicial debiera instalar ¡ya! tantas veces ofrecidos juzgados de flagrancia, para que procedan a condenar con inmediatez a los delincuentes. Mientras estas –y probablemente, mejores iniciativas– no las ponga en práctica el gobierno, todo seguirá exactamente igual. ¡Pero esto, amable lector, depende de leyes y decretos!

Por tanto, si por falta de las facultades extraordinarias (ya pedidas) el Ejecutivo sigue sin emitir las tantas veces prometidas normas legales para atajar la gravísima ola delictiva, ¿por qué la presidente Boluarte no se presenta ante el Congreso para exigir su inmediata promulgación?; caso contrario, denunciar pública y judicialmente a los ciento treinta congresistas ante el Ministerio Público, por no permitir que el Ejecutivo ponga coto a la gigantesca ola criminal que a asfixia a muchos millones de ciudadanos. De lo contrario, Dina Boluarte continuará siendo la principal responsable de que el Estado no contenga la agobiante situación de progresiva inseguridad que viven todos los peruanos.

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