La judicialización de la política

En este país, viene consolidándose una de las peores contraindicaciones para convivir en democracia y en un Estado de derecho. Estamos refiriéndonos a la politización de la Justicia y, paralelamente, a la judicialización de la política. Una fórmula autodestructiva que conduce al totalitarismo y, consecuentemente, a la desaparición de las libertades.

No se trata de un fenómeno reciente en el Perú contemporáneo. Venimos arrastrando desde el pasado siglo. Aunque hoy los niveles han adquirido características sociopáticas, entendidas como conducta que no muestra respeto alguno por el bien y el mal y que, a su vez, pisotea los derechos de los demás. Es la ley del todo vale, entendida así desde la cúpula del poder de turno (político, económico, gremial, etc.), sin manifestar el menor respeto por la ciudadanía.

¡La que, al final del día, es la dueña exclusiva del Estado! Y aunque algunas autoridades judiciales consideran que su poder es omnímodo, pasan por alto que el poder Judicial es solamente una dependencia estatal. Es decir, constitucionalmente -como toda otra autoridad- la judicial está al servicio del Estado, cuyo copropietario es usted, amable lector; ¡no al revés! De otro lado, existen jueces claramente premunidos de determinada ideología que, en el ejercicio diario de la judicatura, trasladan sus preferencias políticas a través de sus sentencias.

Algo similar ocurre con la mayoría de los poderes judiciales a lo largo y ancho del mundo. Pero en el Perú, esta deformación ya viene convirtiéndose en mala praxis exagerada. Peor todavía. Acá el poder político continúa inmiscuyéndose, cada hora más, en los vericuetos del palacio de Justicia. Si bien el correcto juez Javier Arévalo, quien hoy preside el poder Judicial, nos advierte en la entrevista sobre este creciente riesgo, sin embargo no llega a elaborar sobre el mismo.

Se limita a determinar la existencia de este grave problema para la seguridad jurídica de toda la sociedad, resultado en parte de la cada vez más peligrosa tendencia totalitaria que vienen adoptando las izquierdas regionales, en su afán por apoderarse del poder absoluto.

A esto sumémosle la megacorrupción infestada en el poder empresarial, abocado día a día a “financiar” al poder político y, de paso, a vincularlo a la Judicatura como táctica para asegurar su círculo de poder.

Finalmente está la concentración mediática, constituida ahora en un bastante peligroso cuarto poder del Estado, transformada en otro participante del macabro juego de sillas para acaparar el poder. Nos toca, pues, luchar contra esta infame lacra de la judicialización de la política –y/o la politización de la Justicia– que eventualmente pudiese convertir al Perú en una nación inviable.

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