La manchada prensa peruana

La profesión periodística, por principio, está dedicada a obtener, tratar, comentar, interpretar y difundir la noticia por medios formales como la prensa, radio y televisión. Aunque desde hace casi medio siglo el periodismo se difunde asimismo por medios electrónicos que cada día avanzan, se multiplican y consolidan. La prensa, como tal, tiene ante todo una obligación moral ante la sociedad, comprometida a actuar con la verdad y la rigurosidad de la pluma, la voz y la imagen. Ello además de resguardar los principios que dictan la Constitución y las normas. Esta práctica constituye su ley de conducta ante el ciudadano. En consecuencia, el periodismo deberá actuar en todo momento como la trinchera que informa con la verdad, defendiendo a la vez la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de todos los ciudadanos.

Parte trascendental de este modelo de conducta es que el periodismo libre siempre se mantenga a distancia del Estado, de las cúpulas políticas y del poder económico, probadamente fuentes de descarrilamiento de su formación profesional.

Si bien es indispensable que el hombre de prensa conserve buen contacto con aquellos sectores para la correcta formación de las ideas con que deba contextualizar los hechos y, consecuentemente, las noticias y el contenido de sus opiniones, es evidente que esa relación no debe constituir cercanía, menos intimidad. Y es precisamente ese aspecto medular el motivo de este comentario. Porque resulta que, desafortunadamente, a lo largo de estas últimas tres décadas, por razones de competencia, figuración, favoritismo, crisis económica o, inclusive, corrupción, una parte muy trascendente de los medios periodísticos peruanos -así como un sector de los profesionales de la prensa nacional- han venido sometiéndose sometido descaradamente a la sensualidad del poder y el dinero, llegando a identificarse deshonrosamente con la criminal corrupción que estalló en el país, a partir de la entronización de la multimillonaria mafia liderada por las socias Odebrecht-Graña y Montero.

Un cartel organizado para comprar las conciencias del poder político, incluyendo a cuatro ex mandatarios -Toledo, Humala, PPK, Vizcarra- apoyado por una escuadra de oenegés que, desde entonces, sobreviven dedicadas a hacer lobbies a favor de la corrupción ante el poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y toda dependencia pública que sea necesaria para anular -o presentarlos en su mínima expresión- los procesos judiciales abiertos contra esta mafia liderada por la dupla Odebrecht-Graña. Esta camorra abarca a empresarios (locales y foráneos), políticos (de conserjes a jefes de Estado), jueces, fiscales, abogados, economistas y, como no podría ser de otra manera, medios de información y periodistas.

Acabamos de contemplar el ejemplo flagrante de un periodista engreído de RPP, Mauricio Fernandini, envuelto en denuncias de podredumbre con una nueva mafia constructora, nacida de las entrañas comunistas que instaló en la presidencia al golpista Castillo, imputado por corrupción.

Esto último es un desafortunado desprestigio para la prensa libre nacional, por culpa de medios de prensa que hipotecaron su línea informativa a gobiernos afectados por la megacorrupción desde inicios de siglo. ¡Un escándalo que, por desgracia, afecta severamente la imagen del periodismo peruano!

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