La pena de muerte encubierta

En el Perú, como en otros países, la discusión sobre la pena de muerte es un tema polémico que ha estado en el centro de los debates públicos durante décadas. Mientras algunos argumentan que la pena de muerte es necesaria para combatir el crimen, otros la ven como una violación de los derechos humanos fundamentales. Pocos, sin embargo, son los que han tomado conciencia de la existencia de una forma de “pena de muerte informal” donde una pseudojusticia es ejercida por organizaciones criminales y sicarios.

Ha llegado la hora de dejar de quejarnos e invocar pactos internacionales que han sido desnaturalizados por razones ideológicas. Es necesario reflexionar sobre la situación actual y considerar si esta “justicia mafiosa” puede ser contrarrestada con medidas legales más efectivas.

La pena de muerte fue abolida oficialmente en el Perú en 1979. La dictadura militar (1968-1979) fue el último régimen en aplicarla en varios casos que incluían uno por espionaje y traición a la Patria. Sin embargo, durante décadas la delincuencia ha adoptado formas inimaginables en el pasado inmediato y sus ramificaciones internacionales nos sorprenden todos los días.

Organizaciones criminales nacionales o internacionales como el denominado “Tren de Aragua” han tomado el control de porciones de territorio de nuestras comunidades y asumen el papel de jueces y verdugos. Ellos pueden decidir quién vive y quién muere en función de sus propios códigos y según sus intereses económicos y políticos. Alcaldes, empresarios, emprendedores o simplemente ciudadanos sometidos a los usureros, pueden ser sentenciados a muerte y ejecutados por estas mafias sin tener acceso a un juicio justo ni a la defensa legal.

La existencia de esta forma de justicia mafiosa plantea un dilema moral y ético. Muchos nos preguntamos cómo estas bandas criminales pueden ejecutar acciones que la ley veda a un sistema de justicia que suena a ineficaz y corrupto. En ausencia de una autoridad legal efectiva, estas organizaciones delictivas generan niveles de violencia que nos acercan cada vez más a la anarquía total. El sistema legal sigue discutiendo si se puede o no enfrentar la violencia y la inseguridad, mientras se incrementan las ejecuciones sumarias.

En lugar de quedarnos pasivos ante esta “justicia mafiosa”, consideremos cómo abordar este problema. En primer lugar, es crucial fortalecer el sistema de justicia oficial en el Perú. Es indispensable ofrecer a las autoridades herramientas legales para proteger efectivamente a los ciudadanos, aunque sea necesario denunciar pactos y retirarse de instituciones que han devenido obsoletas por su incapacidad de proteger los derechos humanos de miles de seres humanos que hoy están desprotegidos.

Ha llegado la hora de reinstaurar la pena de muerte, no como venganza ni como reparación, sino simplemente como una opción para proteger a la sociedad de criminales avezados que son irrecuperables como seres humanos y solamente buscan destruir a la comunidad que los acoge.

En paralelo, la sociedad peruana debe abordar las causas subyacentes del crimen organizado, como son la pobreza, la falta de oportunidades y la inexistente o inadecuada educación. Al abordar estas cuestiones, se pueden reducir las condiciones que permiten que las bandas criminales prosperen, pero ello no debe ser óbice para frenar el accionar de estos irracionales, incluso con la pena máxima.

La existencia de una forma de pena de muerte informal en el Perú, ejercida por bandas criminales y sicarios, es un problema urgente que debe ser abordado de manera inmediata. Ha llegado el momento de abogar por la reinstauración de la pena de muerte oficial y, con ese objetivo, deben realizarse todas las modificaciones normativas que sean necesarias dentro de nuestro marco constitucional y legal.

Los ciudadanos estamos cansados de escuchar que no es posible, mientras vemos cómo esta sanción rige en otras latitudes. Es tiempo de que el sistema formal asegure y garantice la protección de los ciudadanos de a pie y empecemos a tomar al toro por las astas, aunque para hacerlo sean necesarias medidas extremas como la denuncia y el retiro del Perú del Pacto de San José y, por consiguiente, de esos adefesios llamados Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva Corte. Es mi verdad, aunque les moleste a los adefesios.

Por Óscar Becerra Tresierra

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