Liquidemos o privaticemos Petroperú
Cuando los gobiernos desatienden al Estado; cuando el Congreso se despreocupa en hacerlo; y/o cuando todas las entidades estatales claudican de su obligación de salvaguardarlo y conducirlo diligentemente, ocurre lo que ahora le sucede al Perú: la implosión del Estado. Y con ello, el abandono de este como responsable de velar por la ciudadanía, reflejándose todo aquello en una crisis nacional. ¡Ahora, lo que impera en este país es el sálvese quien pueda! Cada poder del Estado camina a su aire. Ejecutivo, Legislativo y Judicial marchan descoordinados, probablemente cada cual procurando perdurar en medio de una coyuntura jamás vista ni vivida, donde la anomia es común denominador. El caso de Petroperú es un claro ejemplo. El Estado arrastra infinidad de gravísimas carencias en sectores vitales: Salud, Educación, Seguridad, etc., además de multimillonarias contingencias por los posibles efectos del fenómeno El Niño. Sin embargo, el mismo Estado ha permitido que Petroperú, tradicionalmente empresa pública deficitaria, burocrática y politizada, se endeude por US$8,000 millones para construir una refinería que, a todo costo, vale US$2,800 millones; y produce apenas 90,000 barriles/día. Incluso, a setiembre de este año Petroperú ha generado pérdidas por US$530 millones y su deuda bancaria pasa los US$7,000 millones. Su Directorio exige que el Ejecutivo le facilite mayores aportes porque, actualmente, su capital de trabajo es deficitario en US$1,538 millones, pese a que este año ha recibido US$750 millones del Estado a cuenta de ello. Todo esto en una nación dominada por fuerzas exógenas que, entre muchas incoherencias, a diferencia de lo que comprobamos en muchísimos países exitosos desalienta las extracciones mineras/petroleras, dizque para “proteger el medioambiente”.
Esto sucede porque, como señalamos al inicio de este comentario, ni el Ejecutivo ni el Congreso –como tampoco la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, etc.– abogan por una sociedad como la nuestra, desesperada por contar con servicios de Salud Pública, Educación, Seguridad Ciudadana –cuestión de vida o muerte para millones de seres humanos–, poniendo en grave riesgo la subsistencia de los peruanos que dependen de estos casi inexistentes servicios.
La única explicación a semejante despropósito es que, detrás de Petroperú, anida una izquierda sectaria, vividora del monstruo de mil cabezas que, durante cincuenta y cuatro largos años, le ha extraído cientos de miles de millones de dólares a Juan Pueblo para producir gasolinas de baja calidad a precios altos, aumentando el costo de vida e intoxicando el medio ambiente. Petroperú es una empresa parida por un régimen totalitario –el velasquismo– preñado de intereses ideológicos y sociológicos, abocado a contentar a las izquierdas parasitarias incapaces de saciar las auténticas necesidades ciudadanas, porque prefirieren priorizar ese empobrecedor estatismo que hierve en sus entrañas.
Si la presidenta Boluarte y el premier Otárola quieren dejar su impronta de amantes del Perú, inmediatamente dispongan la liquidación de Petroperú y corten, de cuajo, el multimillonario desangre del Estado, conscientes que el país no produce ni 25,000 barriles/diarios de petróleo y consume cerca a 260,000 bbll/día. Es decir importamos petróleo para operar una refinería deficitaria; en vez de importar gasolinas baratas directamente.
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