Llegó el día, señores

El Ministerio Público es, nuevamente, un antro politizado, excéntrico a su misión capital: perseguir el crimen, denunciarlo ante el Poder Judicial, y lograr que el criminal pague lo que manda la ley por su delito. Pero, en vez de contribuir con el país para perseguir la delincuencia, la Fiscalía de la Nación se ha travestido en una organización mafiosa sobre la base de responder a intereses bastardos de grupos político-ideológicos, ranqueados en las esferas extremistas de la corrompida izquierda criolla. El hoy fiscal de la Nación nada hace por hostigar y/o acorralar al delincuente, en una nación sometida a un ataque de incalculables proporciones por criminales que abarcan desde la delincuencia rutinaria a los casos más brutales de muerte en todas sus peores manifestaciones. Desde que la camorra caviar secuestró el Ministerio Público, esa inmensa organización a nivel nacional dejó de perseguir el delito y se abocó a consolidarse como un fenomenal instrumento de defensa de causas políticas, instrumentalizadas para transformar ideológicamente al país. Más claro. Desde tiempos del corrupto Toledo, con escasas excepciones la Fiscalía de la Nación sigue siendo una implacable maquinaria al servicio de la secta caviar, que tiene como meta gobernar el país sin ganar el voto popular; solamente chantajeando a la oposición a través del dominio del poder político, aplicando la coerción vía el poder Judicial y el Ministerio Público. Incuestionablemente, esta es la gran causa del desborde de la criminalidad en nuestro país. A diario, la Policía captura a delincuentes catalogados de altísima peligrosidad -criminales que, justamente, días, semanas, meses anteriores fueron apresados por las fuerzas del orden y puestos a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, horas después retornaron a la calle a seguir delinquiendo porque el Ministerio Público decidió que así es mejor. Esa, amable lector, es la realidad. La Fiscalía, en manos de la progresía caviar tiene mucha responsabilidad de la criminalidad que campea en las calles del país.
Mientras tanto, Carlos Villena Campana, actual fiscal de la Nación, está dedicado solo a profundizarle el sesgo político al ente a su cargo, alegando “El Congreso se equivocó al ‘interpretar’ la norma”, para defender descaradamente al golpista Pedro Castillo. E indirectamente, a su amiga Zoraida Avalos. Esta pésima conducta confirma la politización del Ministerio Público, una coyuntura absolutamente vetada para un organismo dedicado, según mandato constitucional, precisamente a perseguir el crimen y la delincuencia.

¡La situación del Estado Peruano es en extremo gravísima, amable lector! La crisis se ha instrumentalizado entre todas las entidades públicas. El colapso institucional puede acabar con el Estado de Derecho y el caos apoderarse del país. ¡Ha llegado el momento en que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional, pongan orden en el Estado! Caso contrario, la convulsión social acabará con lo que queda de este país, destrozado por la canibalización de sus poderes públicos. La politización de la Justicia vía la Fiscalía de la Nación -es decir, la mafia caviar- es señal más que suficiente del descalabro total que estamos viviendo. ¡Congresistas y Tribunos: reaccionen cuanto antes!

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