Los llorones de la JNJ
Si la vida de los peruanos ya es complicada, ¿para qué facilitársela? ¿Por qué mejor no complicar más su situación, en vez de simplificarla, de modo que nos necesiten para resolverla y con ello seguir siendo indispensables? Posiblemente así razonen los políticos peruanos. Porque no hay otra solución al callejón sin salida en que esta ralea ha convertido la vida diaria de cada peruano, construyendo aquel frondoso árbol de probabilidades resultado de decenas –posiblemente centenares–de miles de leyes y normas, cada cual más inverosímil e incoherente que la otra. ¡Con este laberinto necesitamos lidiar cada día, si queremos sobrevivir; aunque sea en malas condiciones! Ni sabiendo la fórmula que cuadre al círculo podríamos transformar a nuestros políticos en líderes de una sociedad políticamente clara, económicamente exitosa, socialmente coherente, medioambientalmente razonable y aceptablemente estable. Salvo un milagro, nuestro futuro continuará siendo esta jungla habitada por gentes desconcertadas y desconcertantes, ansiosas por hacerle la vida imposible al vecino. No es el pesimismo, sino el hiperrealismo lo que nos lleva a esta patética conclusión. Algo que necesitamos asimilarlo con naturalidad. ¡Pero, sobre todo, con paciencia!
En estos tiempos de mucho desconcierto y conmovedora inestabilidad sociopolítica, además de crisis económica, somos testigos del grado de estupidez al que pueden llegar nuestros políticos –y sus pares metidos dentro del aparato de Justicia nacional (los caviares), adonde jamás debieron acceder–, con tal de complicarle la vida a los 33 millones de peruanos. No lo hacen por mejorarle la existencia a Juan Pueblo sino para ser ellos los que manden, controlen, dicten y gobiernen este país como les dé la gana. El caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es simplemente impresentable. Un ente ideado por el golpista, imputado por corrupto apellidado Vizcarra y digitado por los caviares, quienes desde allí pretenden imponer a sus jueces y fiscales para judicializar la política y violentar nuestro derecho constitucional, cambiando la forma en que esta sociedad elija a sus gobernantes y liquidando la esperanza que vivamos en democracia liderados por autoridades nombradas por el pueblo; no por algunas fiscalías, juzgados ni aquella parafernalia politizada del sistema paralegal del país, que sigue manipulada por múltiples extranjerizantes oenegés.
Resultan reprobables las movidas que hemos visto de quienes aún integran la citada JNJ, viajando a Washington con nuestra plata para denunciar ante al Departamento de Estado que “el Congreso quiere vacar” a sus súbditos, encargados de operar ese apparátchick que, entre otras prerrogativas, coloca y remueve a jueces y fiscales. ¡Actitud a todas luces indigna en un país democrático! ¡Hoy quieren mediatizar a los legisladores con una medida cautelar, para evitar que voten la suspensión o el cese de los miembros de la JNJ que violaron la Constitución! Vale decir, pretenden volver a violar la Carta, ahora prohibiendo que el Congreso ejerza el control constitucional que le compete. Como sentencia el constitucionalista Domingo García Belaunde, “Los parlamentarios son autónomos y no responden ante ninguna autoridad, tanto por sus votos como por sus opiniones”.
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