Más claro ni el agua

Es obvio que, desde hace tiempo, vienen sucediendo infinidad de actos criminales, como la corrupción, el sicariato y la complicidad del más alto nivel gubernamental, los cuales todos percibimos claramente y hemos normalizado sin reacción alguna.
¡El papel aguanta todo! Estamos frente a un cónclave de incondicionales, con su operadora principal, la usurpadora, corrupta, cínica y genocida Dina Boluarte Zegarra, quien ha venido operando desde que asumió como ministra del MIDIS. A su lado, conforman su séquito bellacos, truhanes, lenguaraces como Fredy Hinojosa Angulo, vocero presidencial y exjefe del Programa Qali Warma; Julio Demartini Montes, ministro del MIDIS; Morgan Quero, ministro de Educación, quien no hace mérito alguno a su cartera; y Rosario Gonzáles Ibáñez, funcionaria coordinadora técnica del MIDIS, quien casualmente es propietaria del Hotel Sauna, donde fue asesinado Nilo Burga Malca.
Estos hechos no pueden convertirse solo en una historia policial en una hoja, los peruanos buscamos que la justicia no se quede detenida en el umbral y reine la impunidad. Cada día que pasa sin una investigación real, efectiva y con celeridad procesal, es un día en el que la justicia se demora y se vuelve injusticia.
Tenemos todas las evidencias a la vista, pero no se ha tomado ninguna acción concreta. El caso Nilo Burga es un rompecabezas donde todas las piezas están sobre la mesa, esperando ser ensambladas. ¿Desconocimiento, ignorancia, flojera o complicidad? Si no conoce su labor como titular de la acción penal y defensor de la legalidad: ¿qué pasa? ¿O acaso juegan en pared?
Tenemos a los autores intelectuales de la muerte de Nilo Burga, dueño de Frigoinca, quien ganó más de 80 millones de soles en la venta de carne de caballo a Qali Warma, pagos de sobornos, coimas. Conocemos los actos preparatorios, visitas con fechas precisas, coordinaciones con los autores o actores intelectuales, actores mediatos, cómplices primarios y secundarios. Estos indicios graves, que involucran al Gobierno de turno, no hacen más que corroborar que estamos frente a tentáculos que crecen cada vez más con la anuencia de fiscales, jueces y corruptos altos mandos.
Si no, pasamos a la otra historia, aún más clara que el agua: el asesinato del empresario, abogado y periodista Gastón Medina Sotomayor, propietario de la cadena Sur TV Ica, conocido en su región por su postura enérgica y crítica contra los corruptos y extorsionadores de autoridades regionales y locales, denunciando sin tapujos a los operadores del mal, cuyo modus operandi era utilizar el dinero del erario nacional para hacer de las suyas.
Un hombre que, con su tenacidad, defendía la moralidad de la región y del país, lo que le costó múltiples amenazas de muerte. Por ello, le otorgaron garantías a su vida, brindándole seguridad policial, hasta que el nuevo jefe policial territorial de Ica, general Enrique Samamé Sánchez, le arrebató la oportunidad de sobrevivir, dejándolo a merced de los delincuentes.
Considero que la Inspectoría Policial debe abrir una investigación de oficio y solicitar un informe sobre las razones fundadas para dejar desprotegido a un comunicador y enemigo férreo de los criminales.
Otra particularidad es que el colega periodista, horas antes de su muerte, hizo pública una denuncia de corrupción de un alto mando policial, quien, utilizando su despacho, tenía encuentros con una jovencita.
¡Los peruanos no vamos a permitir más impunidad! ¡El pueblo está despertando! ¡Challapalca los espera!
He dicho.

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