Miserables defensores de Odebrecht
Recordábamos ayer que Odebrecht intenta pagarnos apenas US$240 millones por indemnización. Y además cancelarlos en veinte años sin intereses. Aunque una cifra más realista de la verdadera reparación que debería pagarnos podría ser US$2,500 millones. Recordemos además que Odebrecht cohechó a varios cuatro jefes de Estado y a cientos de altas autoridades estatales, generando así la quiebra moral más estrepitosa que pudiese imaginar nuestra sociedad. Fijémonos, asimismo, en esas millonarias donaciones ilegales que Odebrecht transfirió a partidos políticos para financiar campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia de la República peruana.
¡Un baldón que merece ser castigado! ¡No sólo con una billonaria reparación civil, sino con cadena perpetua para todos los ejecutivos de Odebrecht que participaron en aquel carnaval de corrupción! ¡Pues han transcurrido seis años desde que el Perú conociera tamaño atentado al bolsillo de su pueblo, y contra la moral de sus ciudadanos! Sin embargo, apenas en uno de decenas de expedientes –el correspondiente a Ollanta y Nadine Humala- la parejita de fiscales constituida por Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez ha logrado presentar acusación ante un juzgado, proceso que todavía se encuentra en etapas preliminares, y cuyo trámite judicial amenaza durar aproximadamente una década.
En aras de resguardar la vigencia del Estado de Derecho en el Perú, la llamada Junta Nacional de Justicia está obligada a investigar, a procesar y a castigar –de manera ejemplar y al más breve plazo- a ambos fiscales, culpables del caos en que han convertido al llamado proceso anticorrupción peruano. La citada junta deberá remover del cargo a Vela y Pérez, responsables de coludirse con la mega corrupción desatada por la compañía Odebrecht. Esto, en connivencia con sus asociadas peruanas lideradas por Graña y Montero; y respaldada, a su turno, por el grupo El Comercio. A lo largo del proceso de corruptela -durante el cual Odebrecht pervirtiera al Perú- la doble moral de El Comercio contribuyó decididamente al triunfo electoral de un sujeto apellidado Castillo. En paralelo, el clan El Comercio se abocó a proteger sistemáticamente a los fiscales Vela y Pérez elevándoles al rango de semidioses. ¡Pero también a Graña y Montero, consciente de que de con ello perjudicaba gravemente al país! ¡El Comercio asumió el cargo de Catón, atacando a quienes criticaban a Vela y Pérez! Les llamaba “cómplices de la corrupción”, mientras mitificaba a ambos fiscaletes sabedor de las justificadas quejas que produciría insinuar la culpabilidad de los quejosos! El Comercio acompañaba todo ello con una escenografía mediática muy bien montada por sus propietarios. ¡Tanto que ambos fiscales aparecieron como los Robin Hood de la Justicia peruana! En paralelo, Odebrecht ganaba valiosísimo tiempo, consolidando el éxito de su estrategia. Esto, como acaba de conocerlo todo el país, le ha generado un magnífico resultado, al haberse suspendido la cooperación jurídica de la Justicia de Brasil con su par peruana. ¡De esta manera, habría quedado en nada todo aquel proceso iniciado por el Estado peruano contra Odebrecht, contra sus socias locales y contra los politicastros peruanos, coimeados por la constructora brasileña!
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