¡No hay crimen perfecto!
Los contratos de las dos vías de peaje concesionadas por la Municipalidad de Lima contienen vicios intrínsecos. Primero porque son producto de sendas licitaciones amañadas, a su vez resultantes de procesos de corrupción gestados por la ahora procesada exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente. Ella ya ha reconocido sus delitos, no sólo pública sino judicialmente, tras haberse favorecido con US$ 12’000,000 de dos concesionarias (Odebrecht y OAS), a las cuales luego benefició con ambas concesiones. Más que un delito jurídico es un descomunal crimen penal y social. Penal porque, desde antes de contratar con el Concejo capitalino, las dos concesionarias sabían que Odebrecht se encontraba imputada por la Justicia Norteamericana y, asimismo, por su par brasileña. Inclusive Marcelo Odebrecht –presidente de dicha compañía– estaba próximo a ser condenado a carcelería efectiva que, finalmente, cumpliría en su país. Por su lado Leao Pinheiro, presidente de OAS estaba imputado en Perú y, solamente se salvó de ir la cárcel convirtiéndose en colaborador eficaz. Por último, tal como ya hemos manifestado, la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente ha reconocido su enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de la Nación. De manera que suscribir ambos contratos con semejantes antecedentes, configura sin la menor duda un nuevo crimen que, a juicio de algunos especialistas, viciaría de origen los citados pactos de concesión.
Pero aparte, tras suscribirse estos contratos para concesionar ambas vías con peaje (Norte y Sur) sin que, en cada una de ellas, exista una vía alterna sin pago, surge la figura del crimen social. Porque –lo hemos precisado anteriormente– los millones de peruanos, mayormente pobres, que residen en esa enorme extensión capitalina, están o-bli-ga-dos a desembolsar demasiado dinero –frente a lo que ganan– a efecto de moverse incluso un kilómetro desde sus hogares. Una exacción criminal que no se solventa con la excusa que, antes de concesionar ambas rutas, la municipalidad de Lima debió construir vías alternas. ¡El hecho es que no lo hizo! En consecuencia, jurídica y socialmente semejante tontería deviene en una coyuntura intolerable. No sólo por la obligatoriedad del pago, sino por la arbitraria discreción contractual que tienen los concesionarios para aumentar el costo del peaje a su libre albedrío.
Finalmente, ver rasgarse las vestiduras, con terquedad digna de mejores causas, a destacados profesionales y políticos exigiendo mantener a rajatabla el principio de intangibilidad contractual –cuando existen vicios intrínsecos en ambos contratos que son francamente atentatorios– no hace sino profundizar, a extremos muy riesgosos, la monumental tensión sociopolítica que viene conduciéndonos a un enfrentamiento general de pronóstico reservado. Mientras tanto, Odebrecht y OAS la pasan bomba.
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