¡No a la toma de Lima!

Con el cuento que tiene tres patas, cuando el gato tiene cuatro, este gobierno y los políticamente correctos insisten en permitir “la toma de Lima”, alegando que la población tiene expedito su legítimo derecho a la protesta. Vamos por partes. ¡Tomar Lima –vale decir, capturar la capital del país- no es un legítimo derecho! Acá ni en país alguno del mundo.

La “toma de Lima” es, de por sí, una amenaza a la violencia, porque significa capturar –no precisamente invocando a los dioses, sino ejerciendo la violencia- parte o la ciudad entera que pertenece a todos. ¡No a los protestantes! Con la consecuencia de perjudicar a los que no están de acuerdo en protestar de esta manera.

Conociendo el calibre de la gente que organiza esta asonada, lo de ‘protesta’ solo es el “título” eufemístico que le ponen. Porque es evidente que la capturarán como botín, para lo cual obligatoriamente deberá producirse derramamientos de sangre produciendo a ciudadanos golpeados, mutilados, malheridos y, por supuesto, muertos. Esta realidad no puede ni debe soslayarla el gobierno, pretendiendo mostrarse más papista que el Papa con la letanía del “derecho a la protesta”. Argumento que, en Perú, no es otra cosa que la puerta abierta al crimen y a la destrucción del patrimonio de terceros, por parte de las huestes violentistas que usa sendero luminoso. ¡Dicho sea de paso, sendero considera a estas “marchas” ensayos estratégicos de su plan para recobrar las escenas de pánico y mortandad tan características del cuarto de siglo de su guerra popular contra los peruanos!

El premier Otárola ha expresado su compromiso que el gobierno garantizará la paz y tranquilidad que exige la sociedad peruana, frente a esta nueva intentona extremista acantonada en Puno. Desde allá, la dirigencia prosenderista alardea de su violencia contra quien esté en desacuerdo con la “toma” de la capital del país, con advertencias como “aplicar más ensañamiento en zonas estratégicas” para provocar el bloqueo de carreteras, accesos a aeropuertos y restricción del tránsito para trabajadores y ciudadanos en general. Reiteramos, amable lector. Una cosa es protestar, como admite la Constitución. Otra diferente es utilizar la violencia contra la ciudadanía y atentar contra la propiedad privada y pública so pretexto de protestar. ¡No hablamos de protestar en tiempos de bonanza, sino de crisis! ¡Justo cuando el país requiere producir más para superar su ya harto debilitada economía y destruida infraestructura! Pero las huestes violentistas intimidan con usar la crueldad (muerte o en el mejor de los casos graves daños personales), contra los trabajadores que decidan trabajar el día de su “toma de Lima”. Esto, amable lector, resulta intolerable y criminal desde todo aspecto.

Si el primer ministro Otárola desoye los reclamos –pidiéndole que recapacite y prohíba la “toma de Lima” antes que ocurra una tragedia- advirtiéndole de los riesgos a los que él está sometiendo a los limeños, desde ya le decimos que cualquier desgracia personal y/o pérdida patrimonial que sufra un ciudadano, él será el responsable. Por lo pronto, así se lo enrostraremos desde este espacio.

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