¡Nuevo ataque al Perú de la CIDH!

La CIDH, una vil enemiga del Perú, ha resuelto admitir otra denuncia del genocida víctor polay, cabeza del mrta, causante de innumerables ejecuciones que segaron la vida a innumerables peruanos por mero “placer de poder”, de aquel grupo fanático que, junto con sendero luminoso, le declaró la guerra a nuestro Estado a lo largo de los años setenta a noventa del siglo pasado.

El terrorista de marras considera que “el Estado peruano violó sus garantías judiciales por acciones de tortura en la detención, y haberlo confinado en penales que vulneran sus derechos a la libertad religiosa y estudios, entre otros”, como informa la infame CIDH. Hay antecedentes al respecto que fueron resueltos en el año 2010 por esta corte de marras, archivándolos definitivamente.

Pasó igual con otro tema: el expediente relacionado a la vinculación de polay con lori berenson, terruca ilegalmente arribada de Estados Unidos para, junto al mrta, atacar a sangre y fuego el local del Congreso, capturarlo y convertirlo en un cenáculo del terrorismo, intención que desbarató la gloriosa DIRCOTE al capturarla previo cruce de disparos en plena avenida La Molina. Frente a sendas evidencias que presentó el Perú, la sesgada corte de San José tuvo que reconocer la plena validez de los procesos penales por terrorismo llevados a cabo por nuestro Poder Judicial, siguiendo la exquisita legislación aprobada por el poder Legislativo peruano.

Se necesita tener un repelente cinismo para denunciar a nuestro país ante una corte extranjera por “violar mis garantías judiciales con actos de tortura en la detención, al haberme confinado en penales que vulneran mis derechos a la libertad religiosa y estudios, entre otros” como acaba de hacer el condenado terrorista polay. Y lo que resulta mucho más grave, considerando –porque conoce de sobra la CIDH– que esta denuncia proviene de quien, como víctor polay, secuestró con vesania, extremada sevicia y sanguinaria violencia a un centenar de empresarios, confinándolos tras su captura en tumbas bajo tierra, de dos metros cuadrados y metro cincuenta de alto, sin luz, agua, servicios higiénicos, etc., despiadadamente mal alimentados, donde estos seres humanos pasaban no menos de seis meses esperando que el canalla polay negocie el rescate con sus familiares, previo pago de millones de dólares que utilizaba para planificar más secuestros y nuevos “asesinatos selectivos”. ¡En esa cruelísima etapa –esperando ser liberados– murieron varios empresarios raptados.

¿Cómo es posible que a este genocida que ordenó ejercicios de extrema tortura, profunda maldad y finalmente asesinato de inocentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le admita una denuncia por “violar mis garantías judiciales con actos de tortura al ser detenido, y por al haberme confinado en penales que vulneran mis derechos a la libertad religiosa y estudios, entre otros”, como inculpa este abyecto terrorista? ¡El Estado debe contratar al mejor abogado del planeta para que, de una vez por todas, defienda a los 32 millones de peruanos ante esta infame CIDH, enemiga de nuestro país!

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