Palabra del Defensor del Pueblo
EXPRESO publicó ayer una Interesante entrevista al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a quien hasta ayer este escriba le guardaba reparos precisamente por su indefinición en temas vertebrales para el cargo que ahora ocupa. Con lógica que no exhibe el gobierno -presidente de la República, primer ministro, dieciocho miembros del gabinete (incluso los congresistas de la República, salvo poquísimas, honrosas excepciones- Gutiérrez enfoca meridianamente clara la urgencia -mucho más que necesidad- de que el Estado empodere a nuestros policías, permitiéndoles el uso de sus armas de Reglamento para defender al ciudadano, sin temores a ser enviados a prisión ni, mucho menos, a ser abatidos por los delincuentes. Otro trascendente aspecto planteado por el Defensor Gutiérrez es esta coyuntura de una aparente claudicación del Estado, ante el avasallamiento al que viene siendo cometido por el apresurado avance del narcotráfico y otras taras en nuestro territorio.
Manifiesta que “Los problemas sociales” -además de económicos, agregamos- “han generado que las economías paralelas se fortalezcan. Yo puedo garantizar que el narcotráfico se ha fortalecido en el Perú y le puedo garantizar que la minería ilegal se ha fortalecido también”, justificando su denuncia con argumentos válidos, como que los entes que deben velar por la seguridad nacional (FFAA) y la ciudadana (Fiscalía de la Nación y Policía Nacional) se abocan “a aplacar problemas sociales comunes al ciudadano, descuidando grandes flagelos que causan mucho daño a la democracia, como el hecho de haberse superado las 100,000 hectáreas sembradas de hoja de coca.” Asimismo, denuncia que “Loreto se ha convertido en foco de atención mundial por la tala (ilegal) de miles de hectáreas de árboles, para sembrarlas de hoja de coca (…) Buscan la anarquía para desarrollar fuentes de perversidad como el narcotráfico, minería ilegal, explotación sexual e infantil; mientras nuestro Estado se empequeñece y sus capacidades de competencia no son las que necesitamos”.
Y respecto a la apabullante inseguridad ciudadana, defiende la legalidad relacionada al uso de sus armas por los policías. “Hay que ponerse en el cuerpo y en la emoción del policía. No sólo se está cuidando él sino a sus familiares, que sufrirán con su muerte o si quedase lisiado. Como sucede generalmente (…) Por muchos menores riesgos que los que enfrentan nuestros policías, la reacción en otros países es mucho más violenta” por cuenta de los custodios del orden (…) “necesitamos devolverles a los ciudadanos la confianza en la Policía.”
Este criterio fundamentado en el sentido común, no lo comparte el régimen Boluarte. Allí estriba su fracaso respecto a la inseguridad ciudadana que abruma al país. Lo hemos escrito innumerables veces. Una medida como la que hace falta para cuidar la vida y salud de millones de peruanos -víctimas del robo, asalto, extorsión, tortura, explotación sexual, infantil, femenina, secuestro, muerte, etc.- no podrá combatirse con guantes de seda. El Estado debe actuar como lo permite su Constitución. Para ello, necesitamos salir de la CIDH. Porque, en nuestra experiencia, ésta privilegia a terroristas y/o a delincuentes comunes. ¡Contrariamente, seguiremos peor de lo que estamos ahora!
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