Periodismo, información, manipulación

Gran parte de la culpa de lo que pasa en el país la tiene el periodismo que no entiende la responsabilidad que le corresponde de informar con apego a la realidad, es decir, a la verdad que se puede comprobar. Los ciudadanos tienen el derecho de ser correctamente informados. Por eso es indispensable y moralmente exigible no confundir las opiniones con la información. Las opiniones son subjetivas. Los hechos objetivos.

Cuando se opina, cada cual tiene el derecho de decir lo que le parece. Y son multitud los temas sobre los que toda opinión es lícita (por ejemplo, sobre simpatías, gustos o posibles soluciones a problemas). Pero cuando se opina sobre algo comprobable objetivamente, la responsabilidad y el deber frente al público al que va dirigida la opinión obliga a verificar antes la realidad.

Por ejemplo, un periodista tiene el derecho de decir que Rafael Rey no es de su simpatía, o decir que preferiría que la Constitución permitieran los monopolios estatales. En cambio, no tiene derecho de decir que Rafael Rey tiene 90 años, o que la Constitución permite los monopolios. Y no tiene derecho de hacer esas afirmaciones porque puede comprobar objetivamente la realidad (acudiendo a la partida de nacimiento de Rafael Rey y al texto de la Constitución).

El derecho humano que todos tenemos que defender y respetar es el “derecho a la información”. Pero este derecho tiene dos partes. Una activa y otra pasiva. La activa o derecho de “informar” es al que normalmente nos referimos cuando hablamos de libertad de prensa o de expresión. Y es el que corresponde a periodistas, a los medios de comunicación y a cualquier persona que quiera opinar o informar. Pero la parte pasiva del derecho a la información es el derecho a “ser informado” que corresponde al que lee o escucha una opinión o una información. Solo que, si se trata de información ésta tiene que corresponder a la realidad. Si esa información es falsa, se atenta contra el derecho de los demás, el de ser correctamente informados.

La mentira (sea cualquiera la motivación –buena o mala– por la que se miente) es siempre una forma corrupción. A la vez, toda corrupción implica siempre una mentira implícita o explícita.

Por eso nadie (y en especial quienes hacen periodismo) tiene derecho a mezclar opinión con información. Para informar no basta que algo sea verosímil. La verosimilitud de un hecho no es suficiente razón ni argumento para dar algo por cierto o real. Por eso, cuando el periodismo puede comprobar la veracidad de algo, debe hacerlo antes de informarlo.

También cuando, por ejemplo, se dispone a informar sobre dos versiones contradictorias sobre un mismo tema. Si una versión afirma que un documento dice que algo es blanco, y la otra versión afirma lo contrario, es decir, que el mismo documento dice que es negro, el periodismo, que desee dar cuenta de las dos versiones tiene el deber ético de verificar primero qué dice el documento y, al dar a conocer ambas versiones, advertir a su público que se ha comprobado objetivamente que lo que el contrato dice es, por ejemplo, blanco. Así, cumple con informar sobre las dos versiones contradictorias, pero a la vez informa lo que objetivamente es la verdad, al margen de la simpatía que pueda tener para con quienes sostengan cada una de las versiones.

Así se informa a la gente sobre la verdad de lo que sucede. Y se ayuda a la población a darse cuenta quien inventa una versión falsa y manipula y quien dice lo que corresponde con la realidad. Cuando no se hace así, el mismo periodismo incumple su deber y contribuye a la manipulación de la opinión pública.

Por eso es tan acertada la distinción que, en cierta ocasión, hizo el político español Felipe Gonzales ante una periodista que le preguntó qué pensaba sobre lo que decía “la opinión pública” sobre cierto asunto: ¿A ver, me pregunta usted por lo que dice la opinión “pública” o por lo que dice la opinión “publicada”?

Por Rafael Rey Rey

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