Plan Bukele ya
La propuesta de tomar medidas en contra de la delincuencia siguiendo el ejemplo de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ha frenado a la temible banda Mara Salvatrucha, de ese hermano país, ha despertado una ola de comentarios tanto a favor como en contra.
Los que opinan en contra, son los mismos que levantaron su voz de rechazo a mi propuesta de aplicar la pena de muerte a violadores, asesinos, narcotraficantes y terroristas. Para esas personas, no es posible retirarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque para ellos la defensa de los victimarios parece que fuera más importante que las víctimas.
En otras palabras, no podemos tomar acciones contra los que vienen afectando la seguridad ciudadana, contra los violadores de niñas y niños, contra los asesinos ni contra los terroristas, porque primero son sus derechos humanos. Y no hay defensa de quienes sufren esas malsanas acciones que causan muerte y dolor. Como suelo decir, hay más derechos para los desechos que para los humanos.
Lo que viene ocurriendo en el Perú hace necesario que ahora mismo se discuta la aplicación de drásticas acciones e incluso la pena de muerte, al estilo de Bukele, con los ajustes necesarios para que tenga el respaldo de la legislación peruana. Necesitamos decisión para dar seguridad a los peruanos, a los pequeños empresarios que son a diario extorsionados, a los jóvenes, hombres y mujeres asesinados para robarles celulares, a las familias que sufren la pérdida de un padre, madre o hijo.
Las cifras en los penales son de infarto. Hace unos años teníamos 40 mil presos. Hoy son 70 mil a los que el gobierno tiene que dar desayuno, almuerzo y comida, colchón, agua y luz. Eso es parte de los derechos humanos mientras miles de niños no tienen vivienda, ni ropa, ni un pan para llevarse a la boca. Eso no cuenta. Increíble.
Encima, desde las cárceles los delincuentes siguen extorsionando. Por ello, siguiendo el plan Bukele, se requiere buen control de los penales, luz roja al financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de la Policía Nacional.
Ahora se propone gastar millones de soles para comprar bloqueadores de señales de comunicación para las cárceles, porque por celulares salen desde allí las órdenes de homicidios y extorsiones. ¿Acaso no es más fácil tapiar o desconectar todos los tomacorrientes y cortar la energía eléctrica? Eso no es ninguna violación a los derechos humanos
Los extorsionadores y pandilleros ahora están comprando viviendas y negocios y no entendemos cómo a ellos no se les pide acreditar la procedencia de ese dinero. A los que queremos hacer transacciones, nos exigen informar y acreditar de dónde salió nuestro dinero.
Sobre este tema, escuché al general Roberto Chiabra, a quien respeto por su destacada acción durante la guerra del Cenepa en 1995 y por su actitud siempre sincera y directa. Coincido con él en que falta decisión para lograr la seguridad ciudadana que todos queremos para trabajar y vivir en paz, pero discrepo con todo respeto en el tema de establecer estrategias por regiones y endurecer las penas hasta 25 años o cadena perpetua.
Considero que la pena de muerte es necesaria, porque hay criminales que no desean reintegrarse a la sociedad si no es para seguir delinquiendo, esos no tienen perdón y no tenemos por qué mantenerlos de por vida en cárceles donde tienen hasta televisores con señal de cable y energía eléctrica día y noche.
Seamos prácticos y en vez de construir cárceles, construyamos albergues para niños huérfanos y madres abandonadas, donde se les garantice alimentación, salud y educación. Y si es necesario salgamos de la CIDH, que no cumple el mandato recibido de custodiar los derechos de las grandes mayorías como debiera ser. Eso es lo que opino y ya saben que siempre digo lo que pienso, con el perdón de los adefesios.
Por Oscar Becerra Tresierra
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