Popularidad al mínimo: ¿quién manipula a quién?

El reciente choque entre la presidenta Dina Boluarte y las encuestadoras, personificadas por la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM), evidencia una vez más la precariedad de un gobierno que lucha por su legitimidad. Este escenario refleja la creciente brecha entre una clase política alejada de las expectativas ciudadanas y una población cada vez más escéptica hacia el sistema. Con índices de aprobación alarmantemente bajos, Boluarte intenta desacreditar a las encuestadoras, acusándolas sin evidencia concreta de manipular las cifras por beneficios ocultos. Mientras tanto, dichas empresas se defienden de las acusaciones “difamatorias” sin abordar la cuestión fundamental: su capacidad (o falta de ella) para captar el verdadero sentir de la sociedad y proponer soluciones factibles.
A medida que el 2025 se acerca, seguimos sin comprender que no es tan solo la baja popularidad de Boluarte lo que importa, sino cómo esta estadística se convierte en herramienta de lucha política. Aunque las encuestas son instrumentos clave para medir el pulso social, actualmente no logran capturar con precisión las necesidades reales de la población. Aunque han destacado la impopularidad del gobierno en frentes como la seguridad y la corrupción, las encuestadoras no han ofrecido una autocrítica necesaria en un ambiente que ya está demasiado polarizado.
Históricamente, los procesos electorales en el mundo han demostrado que las encuestadoras pueden caer en errores, como sobrestimar la participación o fracasar al predecir los resultados electorales. En un escenario donde no emerge una alternativa de liderazgo político convincente, surge la pregunta: ¿Quién se beneficia de mantener este impasse? En este entrelazado de narrativas, el ciudadano promedio se encuentra atrapado entre el descontento y la incertidumbre, sin un liderazgo que genere confianza ni un plan firme hacia el futuro. Se está formando un próximo elector disfuncional, indeciso y manipulable.
Para convertir esta situación de estancamiento en una plataforma para el cambio, se necesita una perspectiva comunicacional que reenfoque el debate en la construcción de soluciones tangibles. Hasta ahora, ninguna encuestadora ha explorado si: ¿Está dispuesta la ciudadanía a un cambio inmediato? ¿Confían en que el Congreso pueda ofrecer una transición estable? Las encuestadoras deben profundizar en nuevas preguntas que no solo reflejen el descontento y la polarización, sino que también exploren qué soluciones ve la población como viables. Del mismo modo, el gobierno debe implementar una estrategia comunicacional transparente, reconociendo sus errores pero también mostrando avances concretos en temas críticos como la seguridad y la lucha contra la corrupción. Boluarte necesita mostrar resultados reales para evitar ser marginada incluso por aquellos que ahora la cuestionan.
Este enfrentamiento entre Boluarte y las encuestadoras es solo un síntoma de los desafíos más amplios que enfrenta el Perú. La confianza en las instituciones no se restaura con acusaciones infundadas ni defensas precipitadas, sino con acciones que demuestren un verdadero interés por satisfacer las demandas de la sociedad. La polarización solamente prolonga el estancamiento y el país no puede darse el lujo de permanecer enredado en una disputa de narrativas. Como en una jungla donde dos elefantes pelean y el daño recae sobre el pastizal, en esta disputa el “pasto” es el pueblo peruano merecedor de algo más que meras confrontaciones; es acreedor a soluciones concretas, liderazgos eficaces y una visión de futuro definida.
El Perú reclama soluciones audaces, no excusas, al acercarse el 2025.
Que la felicidad y prosperidad sean para ti, lector, y para todo el país.

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