Que al gobierno no le tiemble la mano

El Perú se encuentra hoy en un momento crucial al enfrentar una amenaza sólo comparable con los años del terrorismo que mucha gente, especialmente de la izquierda y ultraizquierda, no recuerda o pretende acomodar los hechos según su conveniencia. Es el desborde de la delincuencia organizada que ha sido potenciado por la aparición de bandas de extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos. Estos delincuentes se dedican al sicariato, trata de personas, la explotación sexual, asaltos y robos a mano armada, asesinatos y extorsión de la que nadie está a salvo.
El gobierno, atendiendo el reclamo popular, ha decretado el estado de emergencia en algunos distritos de Lima y en una provincia de Piura, donde las Fuerzas Armadas se han hecho presentes y la Policía Nacional del Perú ha comenzado el trabajo de desarticular esas organizaciones criminales.
Pero, en verdad, seríamos ingenuos si creemos que vamos a frenar el tsunami delincuencial que ha comenzado a extorsionar a pequeños emprendedores. Ya sabemos que desde hace algunos años les cobran cupos a los empresarios de construcción, quienes han tenido que sumar a sus costos el pago ilícito a estos delincuentes. Eso se tomó como normal al igual que el pago de coimas, al mismo estilo de la corrupción de Odebrecht y otras corruptas empresas brasileras.
El gobierno necesita planificar, diseñar una estrategia y aplicarla porque el país no se puede dar el lujo de permitir que la delincuencia frene la economía. Es un fenómeno preocupante porque la delincuencia organizada ataca a la actividad económica de varias formas. Primero, porque impide el desarrollo de las actividades comerciales de los emprendedores que crean empleo y de manera formal contribuyen pagando sus impuestos. Muchos, por no caer en la extorsión, prefieren cerrar sus pequeños negocios.
De otro lado, no se ha considerado que el presupuesto para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tendrá que duplicarse, por la sencilla razón que cada delincuente que entra a un penal se convierte en un inquilino al que tiene que darle alojamiento, desayuno, almuerzo y comida por los 10, 15, 20 o 30 años que van a permanecer recluidos.
Se ha informado que se tienen que construir 5 nuevos penales para albergar a la creciente población de reos. Y a ello se tiene que sumar la contratación de más personal del INPE para custodiar a los presos. Lo escandaloso es que cabecillas de estas bandas siguen extorsionando desde sus celdas, en abierto desafío al Estado.
Me pregunto si el país debe gastar tanto en estos temas cuando, por otro lado, vemos niños vendiendo caramelos en las calles, jubilados sin poder pagar un alquiler de vivienda o comer bien. Nos faltan escuelas y hospitales, pero ahora la prioridad será construir penales. ¿Algo anda mal o me parece?

En un programa dominical se difundió un informe sobre el traslado de los feroces delincuentes venezolanos apodados “Mamut” y “Armando” al penal de Challapalca, en la sierra de Tacna. La frialdad con la que hablan nos hace ver que estos sujetos son irrecuperables y es imposible pensar en su hipotética rehabilitación. Entonces, no queda otra que mantenerlos en la pensión del INPE, con casa y comida asegurada.

Todo esto es la cruda realidad que nos lleva a pensar en considerar el restablecimiento de la pena de muerte y el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, de la Comisión y la Corte respectivas. Es una medida extrema, pero estamos ante una situación de excepción. Se trata de elegir entre defender la vida e integridad de millones de familias peruanas o perder tiempo en preocuparnos por la suerte de mafiosos sin remedio. Yo elijo defender a mis compatriotas y aplicar todo el peso de la ley a quienes son una amenaza para la convivencia civilizada en el Perú.
Eso sería lo justo y sería el principio de la solución. Bueno, eso es lo que pienso y ya saben ustedes, amigos lectores, que yo digo siempre lo que pienso, con el perdón de los adefesios.

Por Oscar Becerra Tresierra

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