«¿Qué país visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?»

En anteriores ocasiones hemos alertado sobre la encrucijada en que se encuentra el Perú, enfrentando amenazas externas que ponen en riesgo su estabilidad, su democracia y su futuro. El comunismo y el narcotráfico son dos de estas amenazas, y ambas requieren una respuesta firme y unida por parte del pueblo peruano. Tras leer en diagonal, pues no merece una lectura en profundidad el informe de la CIDH, uno debe preguntarse a quién sirven sus autores.

La CIDH debe ser el único organismo que no ha visto, no ha escuchado y no quiere saber que en las violentas protestas había infiltrados grupos ilegales de extrema izquierda con el fin de atacar infraestructuras esenciales del país y de causar el mayor daño posible a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Perú. Esos videos, esos audios y esas imágenes que todos hemos podido ver y escuchar en las redes sociales no son parte determinante de su informe.

Los actos violentos, algunos podrían calificarse de guerra, de Puno, Arequipa y Ayacucho, de verdaderas milicias organizadas atacando a la policía y a las fuerzas armadas con el objetivo de incendiar los aeropuertos peruanos, no son probados según la CIDH. Los intentos de sabotear los suministros esenciales de agua y energía del país, los bloqueos violentos de las carreteras buscando la paralización económica del Perú, las hordas trasladadas con dinero del narcotráfico a Lima que destruyeron y quemaron edificios no son relevantes para el informe de la CIDH.

Literalmente mencionan en su informe que no se ha probado la radicalización de las protestas. ¡Ay, Señor!, estos nos toman por idiotas, ciegos y sordos. Mi columna se titula: Libres para buscar la Verdad y yo digo que la CIDH miente y lo hace intencionadamente. No tiene mucho mérito pues la verdad está ahí. Han pasado los tiempos en que estos falseadores de la verdad podían decir y escribir a su antojo sirviendo dócilmente a sus pagadores y amos. Hoy la verdad navega libremente por las redes y no hay señor de la mentira capaz de contenerla.

La realidad es que más de 100 comisarías, decenas de policías y miembros de las fuerzas armadas fueron atacados. El Gobierno no puede, como parece señalar la CIDH en su informe, tolerar la violencia insurgente, que la policía nacional y las fuerzas armadas sean tratadas como manifestantes, incluso aceptar la muerte por parte de los violentos. El Estado tiene el derecho y la obligación de defenderse, es el único que puede utilizar legalmente la fuerza para garantizar la paz, el orden constitucional, la integridad de un país y defenderse de amenazas externas.
Nadie puede oponerse a una investigación de lo ocurrido que traiga luz y verdad, recuerdo y reparación. Especialmente para las muertes a pedradas de aquellos agentes a los que se les prohibió defenderse.

La verdad debe ser conocida y el hermanamiento entre peruanos restablecido. Los líderes violentos de las revueltas, nacionales y extranjeros, detenidos y juzgados. Pero señores del CIDH, el Perú no se rinde al señor de la mentira. Ni mucho menos a la notoria falta de imparcialidad de su informe, váyanse y llévense sus 30 monedas y la soga a otra parte.

Por Víctor González y Coello de Portugal

(*) Diputado del Congreso de España.

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