¿Quién paga factura?

Benji Espinoza fue uno de los tres abogados del golpista, proto corrupto, plagiador de tesis y muchas otras nefastas taras , Pedro Castillo Terrones. El Fisco corrió con los honorarios de este locuaz defensor legal de quien iniciara la sistemática destrucción sociopolítica y material del Estado peruano, para erigir un modelo socialista semejante al patrón empobrecedor que impera en Venezuela o Cuba. Espinoza saltó a la fama a raíz del estilo figurativo, extravagante, legalista y dramático que impuso para defender a un sujeto, sin duda indefendible, como es Castillo Terrones.

Posiblemente lo hizo basado en el principio que los servidores públicos electos por el pueblo, aunque sean criminales tienen derecho a contar con un abogado pagado por el Estado. Espinoza aprovecharía la elefantiásica lentitud de la Justicia para brillar con sus escritos y exposiciones, soberbiamente reverberadas por el aparato estatal y la prensa reverente al poder.

Presentaba sus argumentos como supuestas normas pétreas, para transmitirle al pueblo un sibilino mensaje de contenido político bajo la tesis que Castillo fue ilegalmente demandado por el Estado y, en consecuencia, su libertad -y retorno al poder- están a la vuelta de la esquina. A mediados del año pasado, Espinoza renunció abruptamente a la defensa del reo Castillo Terrones, meses antes del golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del mismo año. A Espinoza le siguió un séquito de letrados, cada cual más estrambótico que el otro.

Claro que detrás de esta fanfarria de traficantes del derecho, agrupados como un frente imbatible compuesto por 10 “doctores de primera línea” dispuestos a derrotar al Estado y a recuperar la banda presidencial al ágrafo Castillo, imputado por dirigir una organización criminal para robarle al Estado. Es decir, robarle a usted, amable lector. Hasta acá los hechos.

No obstante, lo que nadie se explica es de dónde salen los fondos para solventar el costo de mantener a semejante aparato abogadil, compuesto por alrededor de toda una docena de supuestas eminencias del derecho, en lo civil y penal, dedicadas a defender -a todo costo y esgrimiendo cualquier argumento, por más aberrante que este sea- a un tipejo impresentable, que solo llegó a alcanzar -sin siquiera saber leer ni escribir correctamente- el rango de maestro de primaria, perjudicando con ello a varias generaciones de peruanos a las que intoxicó con su ignorancia.

Recuerden, amables lectores, que el sueldo magisterial que recibe Castillo ni siquiera llega a la quinta parte de la remuneración que percibía como presidente de la República.

Ante semejante incógnita, lo más probable es que sea el Estado el que esté sufragando la factura para defender al golpista, proto corrupto Pedro Castillo, responsable de alentar las sanguinarias marchas de protesta organizadas por sus camaradas de armas, los senderistas.

Estos asesinos en serie fueron incorporados por Castillo, en calidad de burócratas, a la planilla estatal para, específicamente, desde allí organizar la toma de control de la nación con la exclusiva misión de transformarnos en una sociedad comunista. ¡La presidente Dina Boluarte debe informar al país quién paga la defensa de Pedro Castillo!

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