¿Quiénes buscan un país sin ley?

Cuando la Justicia interviene en la política -y viceversa- las democracias han alcanzado el estatus autodestructivo al que presurosamente se dirige el Perú. Desde el momento en que un juez se sienta capacitado para vetar una ley; y/o un congresista se considere empoderado para vetar el fallo de un magistrado, el Estado de Derecho desaparece y la anomia se apodera de aquella sociedad. Con mayor razón, cuando semejante atentado contra el sistema democrático -basado en el Estado de Derecho- hace volar en pedazos la Constitución. ¡Tal como acaba de suceder a través del fallo de un juez (Andrés Tapia González) integrante de la Primera Sala de la Corte Superior!

Ocurre que dicho magistrado ha votado a favor del golpista/corrompido Pedro Castillo Terrones en el hábeas corpus planteado por su defensa, pretendiendo a través de él retomar al cargo de presidente de la República, y que se anule el proceso penal que le sigue la Justicia como responsable de haber ejecutado un golpe de Estado. ¡Quiere decir que para el referido juez Superior, Andrés Tapia González, Pedro Castillo no debió ser vacado de la presidencia! Tampoco se le ha debido recluir en una cárcel, pese a que dio un golpe de Estado visto por el país entero, vía el Mensaje a la Nación que proclamó al medio día del 7/12/22 transmitido por una cadena nacional de televisión.

¡El hecho fue registrado por millones de ciudadanos, testigos de aquel crimen constitucional perpetrado por el entonces jefe de Estado! Y si un juez de este país valora que, en el ejercicio de sus funciones, un presidente puede ejecutar tamaño atentado constitucional sin hacerse acreedor a drásticas, aunque muy justas penalidades (como las que ordena la Constitución contra quien atente contra ella), querrá decir que el país ha dejado de ser una República Unitaria, Representativa, Descentralizada, con separación de poderes, tal como lo dispone la Constitución que continúa vigente. Y aquello, señor juez Andrés Tapia González, fue lo que sucedió ese 7/12/22.

¡Hasta que el Congreso, el poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y las FF.AA. y la PNP demostraron todo lo contrario, declarando su desobediencia constitucional al golpista Castillo! ¡De manera que el juez Tapia ha prevaricado! ¡Y los prevaricadores no merecen formar parte de nuestro sistema de Justicia! Quien pretendió someter a su mando al Congreso -y a la institución entera del Estado- recortando, además, las libertades ciudadanas en el territorio nacional -vía una ilegal declaratoria de Estado de Emergencia- delinquió y deberá pagar semejante crimen constitucional, sin dudas ni murmuraciones. ¿Queda claro?

Repetimos, los jueces no están por encima de la Constitución. En consecuencia están sometidos a lo que ordena la Carta vigente desde 1993. Por tanto el fallo de la sala que integra el citado juez Tapia compuesta por tres juzgadores -dos de quienes votaron contra el Habeas Corpus de Castillo- se recompondrá. Pero para subsanar este gravísimo quebranto constitucional, el presidente del poder Judicial necesitará supervisar que el sustituto del juez Tapia sea un jurista con cabales conocimientos constitucionales.

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