Reconociendo la verdad
EXPRESO viene republicando episodios clave sobre el escándalo Lava Jato. Datos que, desde 2004, aparecieron sólo en este diario, dando cuenta del pacto colusorio entre Alejandro Toledo, Jorge Barata y el socio mediático José Graña Miró Quesada (accionista de El Comercio), recordando, además, que la vil concentración mediática –El Comercio, Correo, Perú 21, La República, RPP, canales 2, 4, 5, 8 y 9– no sólo se hizo cargo de echarle tierra sino, incluso, de desmentir nuestras informaciones.
Para ejecutar la Interoceánica del Sur, adjudicada a Odebrecht producto del citado pacto colusorio, el régimen Toledo y Odebrecht se abocaron a interpretar leyes y a proyectar nuevas a su medida. También a demoler opiniones técnicas defendidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otros entes estatales opuestos a la arrolladora prepotencia de la entonces todopoderosa firma brasileña. Uno de los episodios informados por EXPRESO fue la destrucción de lo que se llamó “la última defensa del Estado: la Contraloría General de la República”. Ni el Congreso y menos Proinversión colaboraron en dicho sentido.
Tanto es así que, entre ambos, consiguieron la promulgación de la Ley 28760, que le prohibió a la Contraloría fiscalizar el proyecto. A ello se sumó Fernando Olivera quien, prepotentemente, como el presidente a quien representaba, intervino como operador de Toledo jactándose de ser “papá; el único capaz de doblegar a la Contraloría”, por entonces a cargo de Genaro Matute. El 23 de junio de 2005 se anunció la firma del Contrato de concesión de los tramos 2, 3 y 4 IIRSA, entre el Estado, Odebrecht y sus socia Graña y Montero. La Contraloría emitió en esa fecha el Oficio 1208-2005 CG/DC, informando al presidente Toledo que había formulado “graves observaciones al expediente del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil”. ¡Una saltaría a la vista: el monto de la inversión!
Según el estudio de factibilidad, el costo por kilómetro carretero sin asfaltar superaba en más de 100 % al promedio tradicional tomado en las obras ejecutadas por Provías Nacional del MTC. Asimismo, observó el modelo elegido, porque se usó el de concesión al sector privado (tipo BOT); es decir, sólo invertiría el sector privado. Sin embargo, para todo efecto –según las auditorías de la Contraloría– el Estado venía pagando el íntegro como “obra pública”. Vale decir, Odebrecht no necesitó traer recursos al país, porque todos los avances de obra se hicieron como pagos anuales (PAO) efectuados por el Estado, sumado a los PAMO (pago anual por mantenimiento de obras). Ambas cifras nunca fueron consignadas en las leyes del presupuesto ni los Marcos Macroeconómicos Multianuales. Al final, el costo de este tramo de la Interoceánica SUR subió de US$ 800 millones a US $ 4,000 millones. El proyecto IIRSA Sur fue exonerado de todo estudio de preinversión, inversión y postinversión, gracias a la ley Kuczynski 27293 (SNIP).
Por ello son trascendentes las entregas que viene publicando EXPRESO sobre este latrocinio, al que demasiada gente quisiera echarle tierra. ¡Pero el país debe saber quiénes fueron los corruptos que le robaron decenas de miles de millones de dólares y pretenden seguir impunes!
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