Sagasti en su laberinto

Francisco Sagasti ha demandado por difamación a Phillip Butters y a su asesor legal, Wilber Medina, como culpables de autorizar una resolución que ayudó al lego, golpista, corrupto Pedro Castillo Terrones. “Es un delito contra mi honor”, manifiesta este expresidente patrocinado por la ONG IDL. Es conocido que Sagasti recibió –con honores y pleitesía– a Pedro Castillo en la residencia de palacio de Gobierno, que entonces ocupaba.

Ocurrió días antes que Castillo se instale en palacio. Sospechosamente unos días después apareció publicada una Resolución, rubricada por Félix Pino, por entonces Secretario General de la presidencia, la misma que elimina los requisitos personales, profesionales y demás que, en adelante, no necesitará cumplir quien ejerza el cargo. ¡Dicha resolución benefició a Bruno Pacheco, quien no reunía uno solo de ellos! “Para Sagasti, en este caso no existe el ´dominio del hecho´, hipótesis bajo la cual condenaron a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori”, precisa el letrado Medina.

Resulta pueril que Sagasti presente una demanda de semejante naturaleza, calzando los pies de barro que exhibe. Recuerde, señor Sagasti, que Castillo empezó instalando en palacio de Gobierno aquella ”organización criminal” que acabaría copando a medio Estado. Y fue porque, precisamente, usted autorizó la firma de la citada resolución. ¿O no es así? Otrosí.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite el informe de calificación de una denuncia constitucional, por presunta infracción de la Constitución en sus títulos 9 y 38, contra el entonces presidente Francisco Sagasti Hochhausler, de las canteras del partido Morado. Los artículos contemplan delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, peculado doloso y/o culposo, La denuncia implica una presunta infracción constitucional, y también probables delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

La admisión a trámite consiguió 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Asimismo, esta denuncia alcanza a los exministros Óscar Ugarte y Violeta Bermúdez, durante la gestión Sagasti. Autor de dicha iniciativa es el ex congresista César Gonzales.

Apostilla. Según EXPRESO, sobre Sagasti pesan denuncias constitucionales adicionales (285, 287) por infringir los artículos 2 y 118 de la Constitución, y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal, reglados por los artículos 376 y 381 del Código Penal. Motivo de las denuncias sería la designación como comandante general de la Policía Nacional del Perú del general PNP César Augusto Cervantes Cárdenas y el ilegítimo pase a retiro de 19 generales de la PNP, al igual que su reemplazo por otros tantos oficiales favorecidos, ocurrido en noviembre de 2020.

Las denuncias fueron tramitadas por la bancada de Renovación Popular a través del parlamentario José Cueto, quien detalló que las decisiones de Sagasti estuvieron vinculadas a supuestos excesos policiales, ocurridos durante la represión a las violentísimas protestas callejeras desatadas, precisamente, por el partido al cual pertenece Sagasti (el partido Morado), contra el régimen constitucional que lideró Manuel Merino.

Durante estas murieron Inti y Bryan, declarados héroes nacionales –como Grau, Bolognesi, Ugarte– justamente por los caviares, propietarios del partido Morado.

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