¿Someternos a una corte inquisidora?

El gobierno peruano mueve fichas en defensa de su mandamás Pedro Castillo, quien está acusado constitucionalmente ante el Congreso de la República por la Fiscal de la Nación. Se le imputa, presumiblemente, liderar una organización criminal dedicada a estafar al Estado que, como mandatario, debiera gestionar de la manera más eficiente y pulcra. Sin embargo, durante estos quince meses en que Castillo continúa frente al gobierno, sencillamente no ha gestionado el Estado. Más bien, según el cúmulo de evidencias –debidamente sustentadas- que acompañan a la citada Acusación Constitucional, es posible que Castillo se haya favorecido del Estado. Tanto él como, por extensión, una camorra que le acompañaría en la mencionada organización criminal; incluyendo a su esposa, hija putativa, sobrinos, ex ministros, ex secretarios de la presidencia, etc.

Castillo es un ciudadano imputado por múltiples delitos. En el Ministerio Público existían -hasta antes de la citada Acusación- siete carpetas correspondientes a variados crímenes en los que habría participado. No contento con ello, Castillo viene usando al Estado –que formalmente aún se encuentra a su mando- como otra organización criminal a su servicio, dedicada en este caso a obstaculizar a la Justicia. Todo el peso del aparato estatal está empleándolo para serrucharle el piso a la Fiscalía de la Nación, los medios de comunicación no oficialistas, el poder Legislativo, el poder Judicial y cuanto organismo y/o persona se vincule al proceso acusatorio iniciado por la valiente e íntegra Fiscal de la Nación. A todas luces, se trata de un insoportable abuso de poder. Hablamos de colocar a todo el Estado a ordenes suyas, tanto para beneficiarse económicamente de él, como para usarlo a modo de escudo protector amenazando a cualquiera de las reparticiones del Estado que, como el Ministerio Público, el poder Judicial, el Congreso de la República, la Policía Nacional, etc. se encuentren a cargo de convalidar el proceso acusatorio constitucional contra Pedro Castillo Terrones. ¡Su único objetivo es evitar que la acusación se desenvuelva de acuerdo a ley!

Su más reciente “hazaña”, dentro de un nuevo delito de “tráfico de influencias” en que se ha envuelto Castillo, fue malversar 20 millones de dólares del Estado para organizar un festín (inútil para los peruanos, aunque muy provechoso para él), a efecto a comprar voluntades en la OEA para que acepten su convocatoria a Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, ¿El objeto? Definir si nuestro Congreso puede solicitarle a nuestro Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de nuestra Constitución. Someternos a semejante corte inquisidora equivaldrá a que claudiquemos como nación independiente, soberana.

Otra cosa sería que la OEA quiera conocer la opinión del Congreso del Perú, en cuyo caso debe enviar una delegación a Lima para escuchar su versión. En conclusión. Hoy mismo el presidente del Congreso del Perú debe comunicar al Secretario de la OEA que no aceptará decisión alguna de dicho organismo, si previamente su secretario no dialogase con él sobre la materia. Basta de tanto sometimiento para satisfacer a un presunto delincuente llamado Pedro Castillo, acusado de probablemente liderar una organización criminal.

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