Terrorismo como desviación política
La persistencia del terrorismo mundial es motivo de preocupación, a pesar de la disminución de grupos terroristas reconocidos. Más de 60 organizaciones siguen activas, según el Índice Global de Terrorismo de 2023. De las 20 agrupaciones responsables de mayores muertes en 2022, 12 son yihadistas islámicas, 4 separatistas, y 4 comunistas.
La región de Oriente Medio y África del Norte ha sido históricamente epicentro de conflictos políticos, religiosos y étnicos, albergando grupos terroristas como Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah y Hamás. Lo preocupante es que controlen gobiernos locales, perpetuando las tensiones en la región.
Afganistán, según el Índice de Paz Global, conserva la lamentable distinción como el país más peligroso del mundo, gobernado por talibanes, vertiente radical del islam. Este país, con una prolongada inestabilidad, es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la paz y seguridad global.
América, no exenta de este fenómeno, ha experimentado cambios en la naturaleza de los movimientos guerrilleros. En el siglo XX, con intervenciones cubanas y movimientos marxista-leninistas, evolucionaron hacia el terrorismo. Sendero Luminoso en Perú adoptó un pensamiento maoísta para tomar el poder por la fuerza. Pero en los años 90, se observa un cambio de estrategia con movimientos terroristas buscando participar en procesos democráticos.
La alarmante realidad presenta a partidos y autoridades electorales, muchas veces coludidas, que admiten a personajes y movimientos vinculados al terrorismo en la arena política. Este fenómeno se ilustra claramente con el reciente caso en Perú de Juan Santos Romero, fundador de Voluntad Transformadora, organización vinculada al adoctrinamiento de niños en Trujillo, que no es un caso aislado.
La educación, objetivo para el adoctrinamiento, plantea una urgencia inminente. Casi 5 mil profesores vinculados al brazo político de Sendero Luminoso, –Movadef–, requieren atención inmediata. Pero esta información divulgada hace seis años, no muestra acciones concretas del ministerio de educación.
A nivel legislativo, medidas como la prohibición de que parlamentarios vinculados al terrorismo integren ciertas comisiones, resultan insuficientes. Se necesitan acciones drásticas y leyes que impidan que terroristas o Sendero Luminoso regresen al gobierno.
El papel del Tribunal Constitucional (TC) es crucial, pero su postura plantea interrogantes. Declaran que “todo terrorista que haya sido rehabilitado puede ocupar cargos públicos y participar en política”. La vicepresidenta del TC, Luz Pacheco señaló que “va en contra de la Constitución decirle a alguien que no se puede rehabilitar”; pero ¿qué garantiza que hayan sido efectivamente rehabilitados?
El arrepentimiento, indicador relegado, es esencial para garantizar la rehabilitación de terroristas. Siendo complejas las motivaciones ideológicas extremas, se requiere evaluaciones múltiples en estos procesos que hacen peligrar la seguridad e integridad de la sociedad.
Sabemos que filtrar candidatos vinculados al terrorismo no está en la agenda del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocemos sus tendencias. No solo aprobó la inconstitucional participación de la plancha presidencial de Perú Libre con Pedro Castillo –dirigente del organismo generado de Sendero Luminoso Conare Sutep–, sino que aceptó la inclusión en el Congreso de Guido Bellido –nombrado luego Premier– y Guillermo Bermejo, entre otros investigados por apología al terrorismo.
Para fortalecer el sistema judicial y garantizar la inhabilitación permanente de terroristas, se requiere una Junta Nacional de Justicia eficiente. La influencia de organismos internacionales, como la CIDH, que suelen fallar a favor de los terroristas, plantea la necesidad de una revisión crítica de estos mecanismos.
El Congreso, con el respaldo crucial de la sociedad civil y los medios de comunicación, debe desarrollar marcos legales específicos para abordar esta amenaza de manera integral. En un mundo donde el terrorismo busca perpetuar su presencia en la esfera política, la cooperación global y acciones firmes son esenciales para salvaguardar principios democráticos donde prime la seguridad ciudadana.
Por Berit Knudsen
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