Torbellino congresal para crear universidades sin tomar en cuenta la calidad educativa

Durante el período julio 2021-2024, principalmente las bancadas de Perú Libre y Bloque Magisterial presentaron, en forma sistemática e irresponsable, unos 140 proyectos de ley para la creación de universidades nacionales, argumentando que el Estado debe acercarse a las localidades para facilitar el acceso a la educación universitaria y evitar más migraciones.
Entre 2022 y 2023, el Congreso aprobó la creación de 2 universidades públicas en Puno y Cajamarca, pero en 2024 promovió la creación de 12 adicionales. En mayo de 2024, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso y parlamentario de Perú Libre, presentó 17 proyectos, y su bancada ya llegaba a 47 iniciativas.
De todos los proyectos presentados hasta el 20 de diciembre de 2024, crearon, con leyes promulgadas, 20 universidades, pero el día 21, “entre gallos y media noche”, a la 01:50 de la madrugada, con un mínimo y rápido debate, aprobaron, en primera votación, nada menos que la creación de 20 universidades adicionales en 15 regiones del país, aumentando a un total de 40. Todo estaba preparado. Lo único que pronunció el presidente de la Comisión de Educación y ponente de Perú Libre, Segundo Montalvo, fue que “esta creación de universidades contribuirá al cierre de las brechas educativas y al impulso de la competitividad de las quince regiones beneficiadas”. Fue el endeble razonamiento que logró reunir 50 votos, suficientes para aprobarlo, pero sin considerar aspectos técnicos, de calidad educativa ni presupuestarios.
El problema es que el Congreso, al crear 40 nuevas universidades, actúa tomando una decisión populista, pues es imposible fundar universidades en el corto o mediano plazo. Además, no han tomado en consideración aspectos técnicos imprescindibles en cada región (cantidad de estudiantes y disponibilidad de docentes). Tampoco han analizado el presupuesto público necesario para cada universidad y su directa afectación a las 50 universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), perjudicándolas en el cumplimiento de sus estándares básicos de calidad en infraestructura, personal docente, investigación y servicios.
Nuestro sistema educativo, en general, es de muy baja calidad, y, particularmente, la universidad pública está pésimamente evaluada. En el último QS World University Rankings 2025, entre 1,500 universidades de 106 países, solo figuran en los últimos puestos 2 universidades públicas licenciadas: San Marcos, en el grupo de puestos 901-950, y la Nacional de Ingeniería, entre 1201-1400. La creación de 40 nuevas universidades afectará aún más esta crítica situación.
Bajo este panorama, se debería:
El Congreso, reconsiderar la aprobación de estas 40 nuevas universidades;
Fortalecer las 50 universidades licenciadas y facilitarles la creación de filiales en las regiones que se necesiten;
Reforzar la función de supervisión y fiscalización de la Sunedu; y,Implementar una educación técnica adecuada a nuestra realidad.

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