Treinta años de la C93
Con más del 90% de los centros de votación escrutados, a esta hora, los resultados del referendo en Chile sobre una nueva Carta Magna se ubican en un 55.68 % ‘en contra’ y un 44.32 % ‘a favor’.
El texto en cuestión, elaborado por defensores del legado del general Pinochet, llegó a votación tras el rechazo en 2022 de una primera propuesta progresista respaldada por el presidente Gabriel Boric.
A propósito de esta consulta en unos días en nuestro país se conmemora una fecha que no puede pasar desapercibida, los treinta años de la Constitución de 1993.
Si bien es cierto el texto aun vigente ha sufrido varias modificaciones en más de 40 artículos a través de 26 leyes.
Por ejemplo, es bueno recordar que la carta magna de 1993 creó instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero sobre todo y a decir de muchos fortaleció y ha permitido preservar la salud macroeconómica de nuestro país.
Empero hay casi unanimidad en los economistas que el régimen económico de la Constitución de 1993 (C93) fue fundamental para el desarrollo del Perú.
A decir del Instituto Peruano de Economía (IPE), este marco legal, compuesto por apenas 32 artículos agrupados en 6 capítulos ha permitido, por ejemplo, asegurar que no se repita la hiperinflación, dejar de desperdiciar impuestos en empresas estatales ineficientes, contar con mayores recursos públicos para el cierre de brechas sociales y atraer inversión productiva que genera mejores empleos con mayores salarios.
Así se prohibió que el Banco Central use “la maquinita” para financiar al Gobierno y cubrir los elevados desequilibrios fiscales. Esto ha significado mayor independencia para cumplir su objetivo de mantener una inflación baja y estable.
Resultado de ello, durante los últimos casi 30 años, la inflación del Perú ha sido una de las más bajas de la región.
También el Estado dejó de controlar empresas que cumplían objetivos de corto plazo para los políticos de turno, imponiendo pérdidas millonarias que le costaban a todos los peruanos.
Entre 1985 y 1989, las empresas estatales generaron pérdidas totales por US$ 1,700 millones, casi 2% del PBI por año. Ante malos resultados, una empresa privada quiebra. En cambio, una empresa pública puede ser salvada con los recursos del Estado.
Quizá lo más importante, es que con la C93 ya no desperdiciamos recursos en aventuras empresariales, y esos fondos se pueden enfocar las innumerables carencias que tiene el país.
Estos 30 años de la C93 coincide con la libertad de quien fue su impulsor, Alberto Fujimori, y ojalá sirva para reconciliar al país no solo en el aspecto económico, sino y sobre todo en lo social.
Por Gustavo Martínez
Periodista y sociólogo
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