Un Estado chantajeado por mafiosos

Al amparo de la libertad de expresión, la mafia mediática más conocida como ”gran prensa” sigue mandando en el país. Pone y saca presidentes; condena a inocentes y/o libera a delincuentes; ancla y/o remueve a Fiscales de la Nación; manipula al poder Judicial. ¡La extensa lista de procedimientos ilícitos ocuparía toda esta columna! Fundamentalmente, su arma –no secreta, sino evidente- es el chantaje periodístico, a través del cual no solamente ataca a quien considere le sea obstáculo para ejercer –impune e implacablemente- su poderío político y económico, sino que usa sus medios como aperos coercitivos para encumbrar y/o enlodar a quienes considere aliados y/o enemigos, respectivamente.

Es, en rigor, la antítesis del periodismo. Aquella “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual, gráfico”, como la define la RAE, faltándole redondear ese concepto con el adjetivo “honesta” interpretación y difusión, etc.

El sistema electoral -Jurado Nacional de Elecciones/ONPE- también lo domina una mafia, que hace y deshace al margen de todo control constitucional/legal. El cuestionado resultado de los comicios 2021, nunca aclarado por José Luis Salas Arenas, presidente del jurado; y Corvetto, mandamás de ONPE, al negarse ambos a confrontar los nombres y las firmas tal como aparecen en las actas en mesa, con el padrón oficial de la ONPE.

En la Fiscalía de la Nación también funciona una mafia, manipulada por los “divos” Rafael Vela Barba y Domingo Pérez, quienes entre otras afrentas contra la legalidad tienen en sus manos –ellos y solamente ellos- el pacto que firmaron con los ultra corruptores Odebrecht bajo el epígrafe “Secreto”, aparentemente condonándoles ingentes cantidades de juicios penales que implicarían un perjuicio por muchos millones de dólares al Fisco, en beneficio directo de la constructora brasileña y de varios asociados peruanos suyos.

Al respecto, en su edición de ayer EXPRESO dio la versión del escritor y periodista de investigación, Umberto Jara, quien denuncia que los fiscales Vela y Pérez “favorecieron a políticos corruptos”, y que ambos fiscales “trabajaron para Odebrecht, ejecutando la agenda caviar. Por esto no persiguieron a Toledo ni a su esposa; le han brindado impunidad a Vizcarra; no han investigado el lavado de activos de Pedro Castillo, etc.

Y, particularmente, en el caso de José Graña Miró Quesada, uno de los principales involucrados en el caso Interoceánica, socio de Odebrecht, etc., fue puesto en libertad pocos meses después de ser internado, siendo cabecilla de una organización criminal y socio coludido con Odebrecht, que también participa en el escándalo del Club de la Construcción. Este sujeto actualmente goza de absoluta libertad.”

Esta lista corta de hechos –no de humo, como suelen lanzar esas mafias a las que nos referimos- demuestra que nuestro país ha caído en un pozo séptico del que le será muy duro salirse, dado el control que tienen las camorras sobre un Estado regido por gobernantes en su mayoría neófitos, en otros corroídos y en muchos timoratos, sometidos a la podredumbre de quienes carecen de ética y principios.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.