Un Estado fallido

Estamos repletos de entidades estatales, presuntamente encargadas de que funcione correctamente el Estado. Desde la Contraloría General de la República hasta el último pinche del millón y medio de burócratas que anidan en el sector público. Aunque, oficialmente, no existe un censo confiable respecto a la población de trabajadores del Estado peruano.

Sin embargo, ningún organismo estatal, repleto de empleados públicos, cumple con lo que señalan sus respectivas bases, llenas de reglamentos plagados de letra muerta. Porque no solamente las incumplen sus trabajadores -de jefes a utileros- sino que, irresponsablemente, tampoco lo hacen los supervisores de las entidades que presuntamente las fiscalizan para que trabajen tal como dictan sus respectivos códigos.

Razón fundamental del caos en que está el Estado es que, teniendo todos los reglamentos habidos e imaginables, previstos para que el aparato estatal opere como reloj suizo, ¡es que aquello no sucede porque cada pieza de la maquinaria es exógena y funciona como le da la gana! ¡Lo hace dislocada de la realidad y distante del control fiscalizador del poder!

En consecuencia, toda esta multitud de organismos públicos que, día a día, inexplicablemente permanecen creciendo en burocracias y en gastos que paga usted, amable lector, jamás cumplirá el propósito de su existencia, mientras la autoridad -poderes Legislativo y Ejecutivo- no imponga orden. Algo por ahora imposible. Es decir, seguiremos inmersos en este mismo estado caótico, que cada día perjudica con mayor intensidad al ciudadano.

Un sencillo, aunque insoportable ejemplo de lo que explicamos líneas arriba, lo corroboramos desde hace buen tiempo en la inconducta de los integrantes de aquella farsa creada por el corrupto Vizcarra, vía “reforma constitucional” para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, llamada Junta Nacional de Justicia JNJ. Fue sólo para distraer la atención ciudadana y quedarse atornillado al poder. ¡Hasta que hartó a la representación nacional, y acabó vacado por 105 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones! Repetimos, estamos refiriéndonos a esa entelequia llamada Junta Nacional de Justicia (o acaso de Injusticia) que, entre otras responsabilidades, tiene a cargo supervisar a los fiscales del Ministerio Público.

Al respecto, lejos de fiscalizarlos les permite hacer lo que les venga en gana, en perjuicio del ciudadano que recibe los azotes de la inconducta de muchos fiscales. Por ejemplo, los inefables Rafael Vela y Domingo Pérez, quienes con su ineptitud -o acaso algo más- siguen beneficiando a Odebrecht y otros corruptos más involucrados en el affaire Lava Jato. ¡Sin embargo, a quienes integran la JNJ no se les mueve un pelo!

Lo mismo que tampoco les molesta que una fiscal liberase a dos monstruos venezolanos, alegando falsamente que recibió el informe policial hora y media después de vencido el plazo. En el caso de Pérez y Vela Barba la cosa no se limitó a salvarle los muebles a Odebrecht y Graña sino a atacar a políticos repudiados por la progresía caviar, a la que pertenecen ambos fiscales, al extremo de inducir la muerte del presidente Alan García. ¿Alguna vez funcionarán las leyes a favor de la ciudadanía?

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