¿Una OEA golpista?

En toda democracia se respeta el Estado de derecho. Aunque existen democracias nominales, donde NO hay Estado de derecho. Tal fue el caso del llamado gobierno democrático fruto del golpe de Estado que dio el ágrafo Pedro Castillo, cuyo régimen totalitario siguió usando la etiqueta de “democrático”, en connivencia con entidades transnacionales dedicadas a supervisar las democracias y el Estado de derecho. Por ejemplo, la OEA y sus apéndices la CIDH Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos entes están manejados por la izquierda regional, desde siempre acomodaticia y traidora. Con el citado ejemplo la OEA aceptó calificar como gobierno “democrático” a un esperpento nacido de un golpe de Estado. Cualquier gobernante que desobedezca la Carta fundacional de su país –bajo la cual están los poderes públicos autónomos– adquiere el baldón de golpista. El respeto a la Carta Magna es la única fórmula para que los estados funcionen con entera libertad, y es la condición sine qua non para llevar el sello indeleble de gobernante democrático.

Acá, sin embargo, ocurre que la incipiente democracia –y magro Estado de derecho– que ha logrado ensamblar el régimen presidido por Dina Boluarte, tiene como mayor enemigo a quien debiera ser guardiana continental de los derechos humanos. Nos referimos a la OEA y a su apéndice la CIDH. Estatutariamente ambas están forzadas a imponer el respeto escrupuloso a sus funciones supervisoras de la democracia en América Latina. Sin embargo, en las naciones cuyos gobernantes no coinciden con las ideologías izquierdistas –que permanece floreciendo en Latinoamérica–, la OEA se parcializa con aquellos que violan la Constitución, alentando el intervencionismo de la CIDH para que respalde cualquier iniciativa golpista que ejecute la mafia caviar que, monárquicamente, sigue mandando en la OEA. Lo demuestran varios golpes de Estado. Como el que perpetró Martín Vizcarra, respaldado por la camorra caviar peruana, cuando ordenó que se expulse al ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry sin seguir los procedimientos constitucionales. Tiempo después, Vizcarra daría otro golpe de Estado al cerrar inconstitucionalmente el Congreso y gobernar por meses en solitario. ¡Así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional en reciente fallo! ¡Sin embargo, la OEA y la CIDH estuvieron mudas! Hoy el turno golpista es de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyos integrantes conforman otra madriguera de roedores caviares, que ahora pretenden restarle facultades constitucionales al Congreso para asignárselas ellos mismos. El golpismo de la CIDH (brazo de la OEA) ha llegado a tal extremo que respalda este nuevo golpe de Estado de la mafia caviar peruana, la que en esta ocasión está abocada a retomar poder en nuestro Estado, visto que ha perdido sucesivos, vertebrales hitos de manipulación. Empezando por la Fiscalía de la Nación. Así es la izquierda de golpista, traidora y avasalladora, amable lector

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