Una resolución ministerial inaplicable

Con fecha 2 de diciembre del presente año, se dictó la Resolución Ministerial N° 1087 -2021-DE (RM) que tiene como propósito, según señala, la creación de la “Red de Oficiales de Integridad del Sector Defensa”, y como aparente finalidad, según lo afirma el Comunicado Mindef de 12 de diciembre último, la de “fortalecer la cultura de integridad...”. Ello produjo la inmediata reacción de los ex altos mandos de las FF.AA., quienes emitieron un claro y categórico pronunciamiento, rechazando este nuevo sistema, así como la inexactitud de los fundamentos que en dichos documentos se señala.

En este pronunciamiento, se hace ver entre otros aspectos, que en ambos documentos se desconoce el sistema que regula nuestra Constitución Política –Art 168- así como las Leyes de carácter militar y reglamentos respectivos, que norman entre otros temas, la actividad, la moral y la conducta del personal militar, y que no permiten en ningún caso, la superposición de un sistema paralelo, que colisione con el vigente; todo lo cual es totalmente cierto. Y precisamente por ello, esta RM deviene en inconstitucional e ilegal, y como tal, “absolutamente inaplicable”, y por lo tanto debe dejarse sin efecto de inmediato por el Mindef, como sector responsable.

Si bien es verdad que en los institutos de las FF.AA. existe, tal como se menciona en el citado comunicado del Mindef, un oficial de integridad que apoya la lucha contra la corrupción, ello es totalmente diferente a lo que se pretende crear por la citada RM, que es una estructura autónoma del Sistema de Supervisión y Control de las FF.AA., que cautela con precisión e independencia la conducta de sus miembros. Esto se desprende del texto del Art 1 de dicha RM que menciona el “espacio institucionalizado”, autónomo de la estructura existente en las FF.AA., para los fines que en aquella se precisa. Lo que, evidentemente, no es un error, sino una voluntad política manifiesta.

Como consecuencia del impedimento constitucional y legal citado, y debido a la orfandad de argumentos legales, que resulten válidos, y que justifiquen esta nueva estructura, la citada RM menciona como sustento para justificar esta innovación, normas legales ajenas a este contexto, como aquellas referidas a la protección que debe brindarse a las personas que denuncien actos de corrupción, concluyendo que además es suficiente para justificar la creación de la mencionada red, el informe legal de la Asesoría Jurídica del Mindef, argumento muy poco serio que nos releva de todo comentario.

Es imposible dejar de percibir, dados los acontecimientos políticos ocurridos durante los 5 meses que lleva este Gobierno, así como los principios marxistas del partido que ha llevado al poder al presidente Castillo, que esta iniciativa estaría vinculada con la idea de tener “comisarios políticos” en las FF.AA., como existe en Cuba y Venezuela, países con notoria influencia en este Gobierno. Pero ello no es posible mientras nos ampare la actual Constitución, que protege en este caso, no solo a las FF.AA., sino al país, del inmenso daño que esa nueva estructura nos infligiría.

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