Ya basta, señor José Williams

El Artículo 4 de la Carta democrática Iberoamericana dice: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de la actividad gubernamentales, la probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores sociales son también fundamentales para la democracia.”

Mañana llega una misión de la OEA, “para verificar el estado de la democracia en el Perú”. Como cuestión previa, una primera pregunta que deberán absolver quienes integran esta avazada de la OEA es si el gobierno que preside Pedro Castillo: 1) ejerce la democracia con transparencia, probidad y responsabilidad; 2) respeta las libertades de expresión y de prensa: y 3) constitucionalmente, se subordina a todas la entidades y sectores sociales de la nación, incuyendo el Ministerio Público. A la luz de los hechos, debidamente registrados por la fiscal de la Nación, los medios de cominicación y tambien debería tenerlos frescos el representante de la OEA en el Perú, el régimen Castillo no cumple ninguno de los preceptos fundamentales expresados en el Artículo 4 de la referida Carta. Consecuentemente, el Congreso de la República está obligado a demandar que la delegación de la OEA emita un pronunciamiento exacto sobre aquellas tres condiciones. Porque de la respuesta que reciba dependerá la posterior decisión que adopte el Consejo Permanente del órgano Panamericano. Ojo. Cualquier decisión que adoptase la OEA, sin previamente satisfacer las interrogantes que deberá plantearle el Congreso peruano, carecerá de la necesaria sustentación.

Hay más. El Artículo 20 de la citada Carta indica que en caso se produjese una alteración constitucional en un Estado Miembro (que “afectase gravemente” su orden democrático), cualquier otro Estado Miembro o el Secretario General de la OEA podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, para “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”. En este orden de cosas, el Congreso de la República del Perú deberá denunciar, como segunda cuestión previa, la tentativa de quiebra del orden constitucional que esconde el gobierno presidido por Castillo, tras el falaz argumento con que amenaza plantear una cuestión de confianza al poder Legislativo, sobre un tema de carácter constitucional expresamente reservado por la Constitución para ser tratado, en exclusividad, por el Legislativo peruano. Más aún, cuando el poder Ejecutivo, todavía manipulado por Castillo, busca inmiscuirse en asuntos de estricta responsabilidad del Parlamento –como sería anular una ley de carácter constitucional (por cierto, convalidada como tal por el Tribunal Constitucional del Perú TC)- para, a través de este vetado ardid, convocar a una asamblea constituyente que, automáticamente, sellará el cierre definitivo del Congreso Nacional.

Basta ya de temores y cortesías, señor José Williams, presidente del Congreso del Perú. Ejerza usted con energía y con valor sus responsabilidades en defensa del Parlamento, del sistema democrático y del Estado de Derecho en el Perú.

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