Doble discurso del ‘lapicito’ sobre jueces que quieren atornillarse hasta 2030

Américo Gonza, fiel escudero de Vladimir Cerrón y expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, no se pone de acuerdo consigo mismo.

En entrevista a Willax, tildó de “despropósito” el dictamen para que jueces y fiscales se queden hasta los 76 años, y los llamó “dinosaurios”. La cosa es que antes estuvo calladito, e incluso su firma aparece apoyando la iniciativa.

Tello versus Alva

Saltaron chispas entre Janet Tello y María del Carmen Alva. En plena sesión de la Comisión de Reforma de Justicia, la presidenta del PJ criticó que se pretenda elegir jueces supremos en el Senado. La congresista respondió que así era en los ochenta, cuando el Poder Judicial “tenía nivel”. Auch. Eso duele.

Tremenda metida de pata

A resultas del crimen de Pataz y la permisividad para que salga del país el cabecilla de los sicarios, “Cuchillo”, ahora la dupla Boluarte-José Antonio Salardi (titular de Economía y Finanzas) nos quieren vender la idea de eliminar o “extinguir” 14 programas de  inversión pública, como Provías Nacional, Provías Descentralizado, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), Pronatel, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entre otros...

Quieren agarrar la carne

El objetivo es que los 14 programas sean absorbidos por la ANIN (la Autoridad Nacional de Infraestructura), entidad adscrita a la PCM, que no es otra cosa que la fracasada Reconstrucción con Cambios de PPK. Es la misma ANIN encargada de formular, ejecutar y mantener programas y proyectos de inversión, igual o mayores de 200 millones de soles que supuestamente cierren brechas de infraestructura nacional; y entre 40-200 millones de soles en proyectos de emergencia por desastres naturales. En otras palabras, se llevan a Palacio-PCM la carne y dejan los huesos en los ministerios.

Inexperto Salardi

Bien osado este inexperto José Antonio Salardi, el mismo que jamás ha formulado algún estudio del perfil o participado en la ejecución de algún proyecto de inversión pública, “pero este señor ahora nos viene a crear esta inestabilidad en las principales unidades ejecutoras del aparato estatal, faltando poco para que acabe este desgobierno”, señala Ernesto Morante.

Suspensión de esta aventura

La reacción en medios tecnocráticos y gremiales ha sido inmediata. A través de la congresista Isabel Cortez Aguirre han dirigido una carta al premier Gustavo Adrianzén, exigiendo la suspensión de las medidas destinadas a la eliminación de los 14 programas ejecutores de Gobierno. ¿Qué van a decir ahora Dina, Salardi y Adrianzén?

¿Y cómo es la extinción?

Como resultado del anuncio de estos cambios, todo es un caos en la administración pública. ¿Qué programa va a querer tomar decisiones? Ninguno. A lo mucho querrán esperar que se definan las cosas, esto en el marco legal de la anunciada extinción para suscribir nuevos contratos de consultoría y construcción, por ejemplo. Por lo demás, no se sabe en qué consiste esa figura de extinción.

Nerviosismo y estrés

Como bien señala Morante, el personal de los programas ejecutores del aparato de Estado deben estar atemorizados y esperando si van a tener cabida en el monstruo que se va a crear en la PCM: la ANIN. El reacomodo laboral siempre es estresante, señala.

¿Cuándo funcionará?

Y a otra cosa, mariposa. Es harto conocido que el Poder Judicial tiene déficit de infraestructura. Por eso gasta miles de soles mensualmente en el alquiler de locales para albergar a jueces, así como a personal jurisdiccional y administrativo. Por ello, llama la atención que hasta la fecha no se ponga en funcionamiento el edificio ubicado en el cruce del jirón De la Unión y la avenida Uruguay. Más bien, las solicitudes de ampliación del plazo para entregar la obra, por parte del consorcio encargado de las mismas no tiene cuando terminar.

Hace seis largos años

La construcción de la moderna infraestructura se inició a principios del 2019. En estos seis años no ha estado exenta de problemas, como la declaratoria en quiebra de la empresa que se adjudicó la obra en un primer momento. Además, deberá definirse quiénes la ocuparán una vez se inaugure. Si solo la totalidad de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional, o también órganos jurisdiccionales de la Corte de Lima especializados en lo laboral, familia y contencioso administrativo, como se concibió originalmente en el proyecto. Vaya dolor de cabeza.

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