Abogado de Dina Boluarte acusa al Ministerio Público de usar una “lógica gaseosa y difusa” en denuncia de protestas en 2022
Juan Carlos Portugal sostuvo que la Fiscalía no fundamentó jurídicamente la acusación contra la presidenta.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, criticó con dureza al Ministerio Público por la forma en que formuló la denuncia constitucional que responsabiliza a la mandataria por las muertes ocurridas durante las protestas sociales en 2022.
Según dijo, la acusación carece de sustento normativo y se apoya en una interpretación imprecisa del rol de garante. “La Fiscalía ha construido su imputación bajo una lógica gaseosa y difusa”, declaró el abogado tras su participación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Como es público, la subcomisión continuó con la audiencia de la Denuncia Constitucional N.° 509, presentada por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros de su gobierno.
La denuncia los acusa por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, por las muertes y heridos ocurridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
?El Ministerio Público no ha definido qué es ser garante?
Portugal cuestionó que la Fiscalía no haya explicado, ni oral ni documentalmente, los criterios que configuran la condición de garante que se le atribuye a Boluarte y sus ministros. Según la acusación, los altos funcionarios serían responsables por comisión por omisión.
“Bajo esa lógica, todos los peruanos, usted, yo, los gobernadores regionales, seríamos solidariamente responsables del bien común. Eso no nos convierte en garantes”, señaló el abogado.
Asimismo, reveló que ni el fiscal actual ni su antecesor pudieron precisar las exigencias normativas que sustentan tal condición.
Imputaciones sin base en el artículo 117 de la Constitución
La defensa legal señaló que los cargos planteados por la Fiscalía no se encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que define los delitos por los cuales un presidente puede ser acusado durante su mandato.
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“Más allá de la forma, no hay razones normativas que sostengan la acusación. El Ministerio Público no ha podido sustentar cómo esas imputaciones encajan dentro de lo que dice la Carta Magna”, enfatizó.
Conclusiones finales ante la Subcomisión
Durante su intervención en el Congreso, Portugal indicó que presentó los alegatos de clausura ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde expuso los argumentos documentales y probatorios recolectados durante las sesiones.
“Hoy realizamos apreciaciones finales sobre todo lo actuado. La defensa respondió preguntas de los congresistas y confrontó directamente los señalamientos del Ministerio Público”, detalló.
Sobre el caso Cofre: “La investigación ya no está vigente”
Consultado sobre la investigación a Boluarte por el caso Cofre, Portugal explicó que dicha carpeta fue remitida al Congreso en forma de denuncia constitucional, lo que deja sin efecto la apelación planteada ante el Poder Judicial.
“Nos desistimos de la apelación porque ya no tenía sentido. El Poder Judicial no puede pronunciarse sobre un caso que ya no está en manos de la Fiscalía”, aclaró.
Críticas al aumento de sueldo: “Debe debatirse con altura”
Respecto al incremento del salario presidencial, el defensor legal dijo que corresponde a los ministros responder ante el Congreso, ya que ellos emitieron los informes respectivos. No obstante, como ciudadano, opinó que el tema debe discutirse sin prejuicios.
“Hay que debatir si corresponde sincerar los sueldos de los funcionarios o no. Ese es el camino democrático”, sostuvo.
Frente a la posibilidad de que se recorte el sueldo, señaló que también están en juego derechos laborales, como lo ha establecido la autoridad del Servicio Civil (Servir).
Sobre el rechazo en el sur: “No hay gobierno popular”
En relación con el rechazo que recibe la presidenta Boluarte en regiones del sur, Portugal minimizó las encuestas desfavorables y afirmó que cualquier gobierno atraviesa momentos de impopularidad.
“Ningún gobierno es popular. La presidenta y sus ministros están trabajando para revertir esas cifras”, dijo.
Casos de vacancia y supuesta cirugía
Portugal respondió también a los cuestionamientos por una presunta cirugía que habría motivado el abandono del cargo por parte de la presidenta. La Fiscalía imputa delitos de omisión de funciones y abandono del cargo, pero según el abogado, no hay pruebas.
“No hay obligación legal de comunicar una intervención quirúrgica. Esa supuesta exigencia solo existe en la imaginación del Ministerio Público”, aseveró.
Añadió que la prueba clave usada por la Fiscalía —un informe grafotécnico— fue desmentida por la propia institución.“Ese informe niega que haya existido una falsificación de firma. Por lo tanto, se cae toda la teoría fiscal”, sostuvo.
Posibles nuevas acusaciones tras muerte de minero
Al ser consultado sobre la muerte de un ciudadano durante las actuales protestas de mineros, Portugal lamentó el hecho, pero evitó vincularlo directamente con la mandataria.
“Lamento esa situación, venga de donde venga. Pero también hay que diferenciar entre verdaderos protestantes y quienes cometen actos de violencia”, señaló.
Defendió el uso de las fuerzas del orden frente a protestas que, a su juicio, son “falsas o equivocadas”.
“Un protestante no quema instituciones ni destruye imágenes religiosas como ocurrió en Ayacucho. Las protestas legítimas deben ser respetadas, pero las violentas deben ser contenidas”, concluyó.
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