Alberto Otárola mueve fichas en Poder Judicial: expremier habría colocado a tres amigas en altos cargos de institución
Ex primer ministro busca blindarse ante su pugna con presidenta Dina Boluarte.
Trascendió que el ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, habría colocado a tres mujeres de su entorno cercano en cargos estratégicos dentro del Poder Judicial.
La maniobra se habría concretado con el apoyo de la actual presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien también enfrentaría un escenario complejo ante la Junta Nacional de Justicia.
Según la información obtenida, la gestión de Tello Gilardi nombró a Claudett Delgado Llanos como gerenta general del Poder Judicial, un puesto clave que supervisa toda la administración y las finanzas del órgano jurisdiccional.
La designación se habría producido tras intensas gestiones de Otárola, quien mantendría vínculos cercanos con la funcionaria.
Junto a Delgado Llanos, Ana Parí Morales fue designada como gerenta de Recursos Humanos. Desde ese cargo, según contó la fuente, Parí Morales decide quién ingresa o es retirado del aparato administrativo judicial.
El control del personal representaría, en este contexto, una herramienta de poder para quienes impulsan este movimiento de captación interna.
El trío se completa con Karina Quinde Mogollón, quien asumió como subgerenta de Prensa. Su labor incluye el monitoreo de los mensajes institucionales, los informes internos y el vínculo con los medios de comunicación y digitales.
Las tres funcionarias compartirían, además de la amistad con Otárola, una sintonía estratégica para sostener su influencia dentro del aparato judicial.
Alberto Otárola habría operado políticamente para que estas designaciones prosperaran, con el fin de blindarse en su actual disputa con la presidenta Dina Boluarte, de quien fuera jefe de Gabinete hasta su salida en medio de escándalos.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, también tendría razones para consolidar alianzas. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) investiga su actuación en procesos judiciales en los que habría aplicado normativas ya derogadas, lo que podría constituir un delito de prevaricato.
