Alejandro Cavero rechaza investigar jueces y fiscales y señala quién debe asumir esa tarea | Exclusiva de Expreso
El tercer vicepresidente del Congreso advierte sobre los riesgos de politización en la justicia.
Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso de la República, expresó su desacuerdo con el controvertido proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón, el cual busca crear una comisión parlamentaria con la potestad de investigar y sancionar a jueces y fiscales.
Según Cavero, en conversación con Expreso, esta iniciativa podría agravar la politización de la justicia en Perú, una situación que considera ya bastante crítica.
“El parlamento tiene la facultad de fiscalizar, pero también debemos respetar la separación de poderes. Este proyecto podría contribuir a politizar aún más la justicia, y esa es una tarea que corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo autónomo que ya tiene la responsabilidad de supervisar y controlar a jueces y fiscales”, sostuvo Cavero, quien también destacó la importancia de que el Congreso exija a la JNJ actuar con objetividad, imparcialidad y meritocracia.
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Alejandro Cavero enfatizó que el Parlamento debe enfocar su rol fiscalizador en la JNJ, en lugar de intervenir directamente en la labor de los jueces y fiscales, ya que esto podría afectar gravemente la independencia judicial.
Esta postura se alinea con la de Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, quien advirtió que el proyecto de Cerrón no solo podría interferir en la independencia de los jueces, sino que también podría llevar a un control totalitario de la justicia.
Como es público, Arévalo resaltó que la existencia de la JNJ y la Contraloría General de la República ya garantiza la supervisión adecuada de los operadores de justicia en el país, por lo que consideró innecesaria la creación de una nueva comisión con funciones duplicadas.
En ese sentido, el presidente del Poder Judicial afirmó que este proyecto debería ser archivado, al ser contrario a los principios del Estado de derecho y a la independencia judicial.
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