Alejandro Cavero responde a presidente del Poder Judicial: “Las leyes existen y son muy severas contra la criminalidad”
Reforma de la justicia es clave para enfrentar el crimen, sostiene Cavero.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestó su inquietud por la ausencia de resultados tangibles tras el estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo, el cual fue implementado para combatir la creciente inseguridad en Perú.
En respuesta a esta problemática, Arévalo instó al Congreso a aprobar una ley de flagrancia que permita actuar de forma inmediata ante delitos captados en el momento de su comisión.
Según el magistrado, esta normativa proporcionaría una herramienta más ágil y efectiva para enfrentar los crímenes, al facilitar que los delincuentes sean detenidos y procesados con mayor rapidez.
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Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso, respondió a las declaraciones del presidente del Poder Judicial, resaltando que el Parlamento ya aprobó leyes estrictas para castigar la criminalidad y que, en su opinión, el problema radica en la falta de recursos y capacidad operativa en la Policía Nacional del Perú (PNP).
“La Fiscalía no debería estar tan corrupta y politizada como lo está actualmente; debería dedicarse realmente a desarticular las organizaciones criminales, no a perseguir a quienes consideran enemigos(...) Las leyes existen, son muy severas; sin embargo, si la Policía carece de capacidad operativa debido a la falta de voluntad política y presupuesto del Ejecutivo, y si el Poder Judicial se encuentra corrompido y centrado en temas ajenos a su función, la seguridad ciudadana no podrá resolverse”, expresó Cavero.
Además, destacó que el Congreso está trabajando en nuevas propuestas desde la Comisión de Defensa, las cuales incluyen reglamentar el uso de armas y reforzar la actuación en flagrancia.
También, el congresista de Avanza País enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones y cuestionó la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial en la liberación de delincuentes, afirmando que más de 8,000 infractores detenidos en flagrancia fueron liberados.
“Es necesario que la Fiscalía y el Poder Judicial asuman su responsabilidad y cumplan su rol de proteger a la ciudadanía en lugar de permitir que la criminalidad continúe”, concluyó el congresista, resaltando la urgencia de una reforma judicial que priorice la seguridad ciudadana y combata eficazmente el crimen.
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