Alejandro Muñante propone revisar ley de contenidos por posible impacto en libertad editorial
Congresista postula equilibrio entre el interés público y los derechos fundamentales.
El congresista Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, solicitó una revisión detallada de la reciente ley de contenidos, norma que obliga a los medios de comunicación y plataformas digitales a difundir mensajes orientados a prevenir la violencia familiar.
El legislador advirtió que esta disposición podría afectar la libertad editorial y representar una carga excesiva para los medios tradicionales y los creadores de contenido en redes sociales.
Muñante reconoció el valor de impulsar campañas contra la violencia doméstica, pero consideró que la norma actual requiere ajustes.
“Sí, definitivamente creo que es un tema que habría que analizar”, declaró el parlamentario, quien subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el interés público y los derechos fundamentales.
En su opinión, imponer cuotas obligatorias de contenido sin tomar en cuenta la dinámica propia de los medios constituye una forma de “expropiación de tiempo”.
El legislador enfatizó que muchas plataformas ya promueven este tipo de mensajes por iniciativa propia, por lo que imponerles regulaciones adicionales podría resultar contraproducente.
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“La norma debe evaluarse bajo el principio de proporcionalidad”, indicó, y recordó que cualquier corrección a este marco legal deberá realizarse mediante otra ley. “Una ley solamente puede modificar otra ley”, remarcó.
En paralelo, Alejandro Muñante confirmó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite una denuncia contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, relacionada con el caso Valkiria.
Según el parlamentario, la fiscal Delia Espinoza archivó una acusación contra Sánchez por presuntamente haber interferido en una diligencia, hecho que calificó de grave y merecedor de una investigación formal.
El congresista respaldó que todas las denuncias constitucionales se tramiten con celeridad y respeto al debido proceso, sin tintes políticos ni dilaciones. La denuncia contra Sánchez será investigada por un plazo de quince días, tras la aprobación del informe de calificación en el Congreso.
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