Alejandro Muñante sobre Rutas de Lima: «Ningún contrato puede estar por encima del derecho al libre tránsito»
Congresista advierte que los más afectados con el alza de peajes son los barrios más populares, que tienen que pagar los costos de la corrupción de Susana Villarán.
El congresista Alejandro Muñante advierte que los más afectados con el alza de peajes son los barrios más populares, que tienen que pagar los costos de la corrupción de Susana Villarán.
Rutas de Lima va a subir de S/6.50 a S/7.50 el precio de sus peajes. Sabemos que este contrato ha nacido corrupto, pero no podemos quebrarlo de manera unilateral por las futuras indemnizaciones que tendríamos que pagar. ¿Qué se debe hacer al respecto?
Está en la cancha de tres actores principales: la Municipalidad de Lima, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la señora Boluarte. Ellos tendrían que coordinar y tomar las acciones necesarias. He visto que el MTC ya se está reuniendo con el alcalde López Aliaga y espero que se tome la mejor decisión. Finalmente, si se decide dejar de lado esto de Rutas de Lima, es el Estado el que decidirá si paga o no las multas que se dicten. No hay una Policía internacional que va a obligar a pagar. Se trata de una decisión política firme y contundente y hay que hacer todo lo posible para defender los derechos de los ciudadanos.
Los principales afectados son los vecinos de Puente Piedra, quienes, para ir al Centro de Lima, deben pasar por este oneroso peaje. Ellos no cuentan con una ruta alterna como sí existe en la Panamericana Sur.
Incluso, en la Panamericana Sur, según ha señalado el alcalde Rafael López Aliaga, no hay una ruta alterna, sino una antigua Panamericana Sur, que fue construida en tiempos del alcalde Castañeda y que da directamente a la playa y no hay una conexión con la población de Pachacámac y Lurín. Entonces, técnicamente, tampoco estamos ante una ruta alterna. La problemática es en el norte y en el sur, y, lamentablemente, los más afectados son los barrios más populares, que tienen que pagar los costos de la corrupción de la señora Susana Villarán.
Rafael López Aliaga está haciendo lo que puede para quebrar este contrato de forma legal, que no es para nada fácil, pero quien firmó este acuerdo fue la señora Villarán.
Ella admitió públicamente que fue parte de una coima, pero ella y sus regidores están libres.
Es inaudito que no podamos deshacernos de un contrato que nació corrupto.
Es un tema complejo porque, si se decide unilateralmente dejarlo sin efecto, la gente podría decir que se pone en riesgo la seguridad y predictibilidad jurídica del país y eso podría espantar las inversiones, pero estamos hablando de un contrato que nació corrupto y que sus protagonistas han aceptado la corrupción. Eso no tendría que espantar a nadie, porque se supone que los inversionistas que vienen de afuera, si se ciñen a lo legal, no tendrían ningún tipo de problema.
El Tribunal Constitucional también debe resolver al respecto y velar por el libre tránsito de los ciudadanos.
Ningún contrato puede estar por encima del derecho al libre tránsito. Yo espero que el TC pueda aportar un gran insumo jurídico para que, finalmente, los actores puedan tomar una decisión política firme y contundente.
Quien adquirió el 57% de participación de Odebrecht en Rutas de Lima fue Brookfield en el 2016, pero en ese año ya había estallado el escándalo de corrupción, así que no se puede argumentar que se trata de un comprador de buena fe.
Es similar a cuando alguien compra una casa embargada. Ellos conocían de la situación que se estaba dando en Brasil y, entonces, han heredado los activos y pasivos. Esa mala maña de querer trasladar los contratos a terceros para evitar responsabilidades no puede operar en nuestro país.
Lo que más ha indignado es el aumento de un sol en el costo de los peajes, porque demuestra la mala fe de la empresa.
Y eso es ahora porque se proyecta que el incremento será cada año.
¿A cambio de qué?
A cambio de nada. No vemos inversión en estas vías que son principales y prácticamente estamos ante una estafa.
Pero Villarán ni siquiera tiene impedimento de salida del país.
Ella está libre y los que tomaron la decisión junto con ella, que son sus regidores, hoy en día se venden como la reserva moral del país.
Alejandro Muñante asegura que hay una justicia paralizada
Que el Poder Judicial condene a Villarán por este caso podría ayudar a librarnos de este contrato, porque quedaría demostrado que fue producto de un acto de corrupción.
Lamentablemente, hay una justicia parcializada y por eso se hace necesario la reforma del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que personajes como Villarán o Martín Vizcarra no tengan una sentencia final cuando las pruebas son de público conocimiento?
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