Alertan de nuevas irregularidades en IIRSA Sur por S/ 38 millones
Determina presunta responsabilidad penal y administrativa de 13 funcionarios.
La Contraloría identificó un perjuicio económico al Estado por cerca de S/ 38 millones por supuestas irregularidades en la suscripción de una adenda y la ejecución de obras de la autopista Puno-Juliaca, parte del tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur que une Matarani, Ilo y Azángaro.
El control determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de trece funcionarios públicos del MTC y su unidad ejecutora Provías Nacional.
La auditoría determinó que el MTC y la concesionaria del tramo 5 suscribieron la adenda N°3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada, incumpliendo la normativa de evaluación de impacto ambiental, la normativa de Asociaciones Público Privadas y el contrato de concesión.
El MTC y la concesionaria, dice la contraloría, suscribieron un acta de acuerdo temporal para iniciar trabajos preliminares de la segunda calzada, antes que se haya suscrito la adenda, asumiendo obligaciones no previstos en el contrato de concesión.
El órgano contralor indica que estos hechos ocasionaron que no se haya concluido la segunda calzada lo que generó un perjuicio por S/ 2 millones 508 mil.
Una segunda observación es que el MTC aprobó el costo de la obra de la autopista Puno – Juliaca en dólares, cuando el presupuesto debía ser en moneda nacional. Asimismo, en dicho presupuesto se aprobó partidas sin sustento técnico y con mayores costos.
Todos estos hechos ocasionaron mayores pagos que constituyen un perjuicio económico al Estado por más de S/ 34 millones.
La tercera observación es que el MTC aprobó el EDI de la segunda calzada, sin advertir deficiencias en el diseño geométrico de algunos elementos esenciales, lo cual generó un sobrecosto y perjuicio por más de S/ 1 millón 291 mil.
Concesionaria
La empresa encargada es ‘Concesionaria Vial del Sur’ (Covisur) que señala que tiene el respaldo estructural y financiero de Hidalgo e Hidalgo (HeH), Construcción y Administración S.A. (CASA) –investigada por los supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial de PPK-, y la Concesionaria del Norte (Conorte).
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