Amenaza que existe en Elecciones Generales 2026: firmas falsas y nulidad electoral [ANÁLISIS]
Propuesta de anulación y postergación de los comicios sería un atentado contra la democracia, a pesar del avance del proceso electoral y la importancia crucial de la alternancia en el poder.
Afirmar que se debe anular y, a la misma vez, postergar la fecha señalada para las próximas elecciones generales de Perú, que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026, para elegir al nuevo presidente de la República, a los vicepresidentes y a los representantes electos ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031, puede hacernos pensar que se trata de una iniciativa o propuesta que encierra un tremendo despropósito, un desatino inaceptable, considerando lo avanzado del proceso, e incluso un absurdo imponderable en contra de la misma democracia.
Se trataría de un flagrante atentado contra un acontecimiento electoral clave, no solo para la democracia, sino para el futuro de nuestra nación, que requiere un giro significativo y consustancial en la alternancia del poder.
Proceso electoral diáfano
Hablamos de llevar a cabo un proceso electoral limpio, transparente y, sobre todo, democrático en el buen sentido del concepto, en el que los millones de electores nacionales deben decidir el futuro de nuestra nación.
Se trata de ciudadanos que concurrirán confiados y crédulos a las urnas electorales, pensando, sin mayores dudas, que quienes competirán en tan trascendental acontecimiento electoral son personas aptas, respaldadas por partidos políticos transparentes que se ciñen a las leyes y principios que rigen la democracia.
Se entiende que, de manera previa, quienes postulan y las agrupaciones o partidos políticos que los respaldan han cumplido cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que exige el abundante y frondoso marco normativo en materia electoral que existe en nuestro país.
Hablamos del aval incondicional de instituciones que se suponen tan serias y exigentes como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, cuyas labores no son otras que conducir el proceso electoral dentro de los cánones mínimos que exige la democracia.
Se han agotado y puesto en práctica al máximo todas las capacidades funcionales, cognoscitivas, fiscalizadoras, éticas y administrativas que señalan las leyes, justamente para lograr que, una vez culminado, el proceso electoral sea el resultado de una capacidad ejemplar de fiscalización y control adecuado, convincente y oportuno, que permita elegir a los candidatos más idóneos y aptos para representar a la nación frente a los complejos problemas del futuro.
Inoperancia institucional supina
Hago esta breve y somera introducción no solo porque resulta inconcebible e inaceptable para cualquier sociedad que se jacte de ser democrática, sino también porque es motivo de particular preocupación el hecho de que más de una veintena de partidos políticos inscritos hasta la fecha —que competirán en las próximas elecciones— contengan en sus listas firmas de suscriptores que son falsas, lo cual es altamente compatible con el delito de falsificación y otros delitos graves.
Preocupa aún más que las autoridades encargadas de garantizar la transparencia y solidez del proceso electoral permitan que este continúe en marcha como si nada ocurriera, a pesar de lo que está en juego, y de cómo estas falacias y engaños políticos siguen su curso hacia las urnas.
Las firmas falsificadas no solo implican uno o varios delitos graves sancionados con penas privativas de libertad y que afectan bienes jurídicos fundamentales, sino que evidencian de forma resonante la inoperancia y el deficiente desempeño de una amplia gama de instituciones vinculadas a nuestro sistema electoral.
MÁS INFORMACIÓN: Congresista Fernando Rospigliosi pide a Dina Boluarte que tome decisión de retirarnos de CIDH
Me refiero al Jurado Nacional de Elecciones como órgano rector del ámbito electoral; al Ministerio Público, defensor de la legalidad y los derechos reconocidos en la Constitución Política; al Poder Judicial, encargado de administrar justicia; al Congreso de la República, que legisla y supuestamente fiscaliza la labor pública; al Poder Ejecutivo, que conduce las riendas del país; a la ONPE como organizador del proceso electoral; a la Defensoría del Pueblo, defensora de los derechos ciudadanos; y al RENIEC, responsable de la identificación y transparencia ciudadana.
Son instituciones públicas de renombre, integradas por expertos y con denominaciones rimbombantes que embellecen el discurso democrático, pero que, a la hora de actuar, decidir o fiscalizar frente a las evidencias de firmas falsas o falsificadas —que representan un fenómeno de falsedad sistemática al margen de toda ética y moral— ponen en tela de juicio la idoneidad y la esencia misma del proceso electoral.
Todas y cada una de las iniciativas o modificaciones surgidas en torno a la Ley de Organizaciones Políticas, así como otros instrumentos del ámbito electoral —ya sea proyectos de ley, anteproyectos, dictámenes, votaciones, o normas sobre la verificación de firmas a cargo del RENIEC— han servido poco o nada para resolver de raíz un problema estructural de naturaleza ética y política, que compromete la competitividad sana y transparente de las próximas elecciones.
Maquillaje electoral
La interrogante central es si nuestras leyes electorales realmente sirven para garantizar procesos legítimos, o si, por el contrario, son solo una fachada para encubrir intereses políticos maquillados ante un ciudadano que observa, atónito e incrédulo, cómo la institucionalidad electoral fracasa frente a una realidad vergonzosa para la democracia.
Lo menciono así porque el colectivo ciudadano siempre ha creído que solo la transparencia y el buen comportamiento electoral —en cada una de sus etapas— permiten que el proceso sea verdaderamente democrático.
Sin embargo, la existencia de firmas falsas muestra la otra cara, sombría y preocupante, del proceso electoral. Porque, en la práctica, nada se puede hacer para cancelar la inscripción de aquellas organizaciones políticas que, presuntamente, han falsificado masivamente firmas para participar en la contienda, pese a las denuncias presentadas por los mismos ciudadanos que terminan siendo doblemente víctimas.
Hablamos de meses de trámites, gestiones y decisiones burocráticas, muchas veces marcadas por la indiferencia, la contradicción, el letargo administrativo y, por qué no, la injerencia y la presión política, como ya ha ocurrido en el pasado.
Las firmas falsificadas no son únicamente un asunto delictivo —aunque lo es—, sino que reflejan la poca importancia que se otorga a la transparencia electoral. En este caso, se mantiene la falsa creencia de que el proceso en curso está encaminado conforme a la ley, cuando en realidad avanza contaminado por serias deficiencias éticas y legales.
Más sobre Elecciones Generales 2026
“Congreso debe corregir autonomía tóxica de procuradores”, advierte Ántero Flores-Aráoz
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
