Antonio Ramírez Pando, director del Diario Expreso, advierte riesgo institucional y urgencia de un pacto de gobernabilidad
Alerta que la destitución es políticamente temeraria y exige, para contener la volatilidad, un gabinete técnico, continuidad de inversión pública, protocolos claros para la protesta, cobertura responsable sobre Jerí, metas de seguridad medibles y un acuerdo mínimo Ejecutivo–Congreso–Regiones que preserve la regla fiscal y evite reformas improvisadas rumbo a 2026.
A seis meses de las elecciones, ¿cuál es su balance sobre la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte? ¿Fue una salida constitucionalmente sólida o una apuesta política de alto riesgo?
Fue una decisión políticamente temeraria y constitucionalmente discutible a seis meses de las elecciones. Aunque el Congreso tiene la herramienta, usarla en la recta final erosiona la previsibilidad institucional y refuerza la idea que el “atajo” reemplaza al voto. El costo reputacional del país supera cualquier beneficio táctico.
Efectos inmediatos
-¿Qué efectos inmediatos prevé en seguridad, economía y gobernabilidad tras la vacancia? ¿El nuevo gobierno tiene margen real para sostener la inversión pública y evitar más incertidumbre?
En el corto plazo: mayor volatilidad política, prima de riesgo sensible a señales del MEF y del BCR, y gobernabilidad condicionada a la arquitectura del nuevo gabinete. Para sostener inversión pública e impedir parálisis, el Ejecutivo debe: (a) blindar proyectos llave en mano y asociaciones público-privadas, (b) mantener mesas de destrabe con regiones/municipios, (c) preservar la regla fiscal y cronogramas de pago a proveedores.
-Se anuncian marchas y contramarchas. ¿Qué debería hacer el Ejecutivo para garantizar el derecho a la protesta y, a la vez, prevenir violencia y extorsión?
Doble carril: garantía plena del derecho a la protesta pacífica y protocolo operativo claro para aislar violencia y extorsión (inteligencia previa, rutas autorizadas, uso proporcional de la fuerza, cámaras corporales, defensoría como veedora). Comunicación diaria, datos abiertos sobre intervenciones y sanción rápida a abusos—tanto de agentes como de infiltrados violentos.
Cobertura sobre José Jerí
-Sobre José Jerí: ha enfrentado cuestionamientos públicos, incluido un caso por violación que fue archivado. ¿Cómo debería cubrir la prensa estos antecedentes sin vulnerar la presunción de inocencia? ¿Qué estándar de transparencia debe cumplir la nueva Presidencia?
La prensa debe reportar antecedentes y cuestionamientos con documentos, fechas y fuentes, diferenciando: (i) procesos en curso, (ii) casos archivados y (iii) rumores sin sustento. Presunción de inocencia siempre; pero transparencia reforzada para un presidente: declaraciones patrimoniales, agenda pública, acceso a prensa y auditorías. La regla: debe prevalecer el interés público ante el morbo.
-En términos de ética periodística: cuando circulan acusaciones personales no verificadas sobre la vida privada de autoridades, ¿cuál es el límite editorial entre interés público y morbo? ¿Cómo maneja Expreso la verificación y el derecho a réplica?
Solo publicar lo verificable y relevante para el ejercicio del cargo. La vida privada solo es materia de cobertura si afecta la ética pública, la legalidad o la seguridad del Estado. Protocolos: verificación independiente, contexto jurídico, respuesta del aludido, y rectificación si corresponde. Nada de titular con insinuaciones.
Señales de gobernabilidad en 30 días
-¿Qué señales de gobernabilidad debería dar Jerí en sus primeros 30 días (gabinete, agenda legislativa, seguridad ciudadana) para obtener un voto de confianza amplio y no quedar rehén de mayorías parlamentarias cambiantes?
Gabinete plural con carteras clave en manos técnicas (MEF, Interior, Educación, Salud).
Agenda mínima con el Congreso: seguridad ciudadana (operativos integrados, meta de reducción en delitos priorizados), continuidad de inversión (escuelas/hospitales/agua), y reglas fiscales claras.
Transparencia: plan de 100 días, cronograma, tablero de indicadores y reporte quincenal.
Política: jefatura de ministros con oficio, no cuotas.
Pacto mínimo Ejecutivo–Congreso–regiones
-¿Cuál es el mayor riesgo para el proceso electoral 2026: la fragmentación partidaria, la instrumentalización del miedo a la delincuencia, o la tentación de reformas improvisadas en reglas de juego?
La combinación de fragmentación partidaria + reformas improvisadas a última hora. El miedo a la delincuencia puede volverse combustible para propuestas maximalistas que dañen derechos y economía. Antídoto: pacto de no alterar reglas electorales, financiamiento transparente y observación cívica/académica permanente del proceso.
-Mirando al mediano plazo, ¿qué pacto mínimo propondría entre Ejecutivo, Congreso y regiones para asegurar continuidad de políticas (seguridad, inversión pública, escuelas e infraestructura) y reducir el déficit sin medidas populistas?
Seguridad: comando unificado, inteligencia financiera contra extorsión, metas trimestrales por región, trazabilidad de denuncias y Ministerio Público con plazos operativos.
Inversión pública: cartera priorizada multianual, ventanilla de destrabe, y cofinanciamiento con estándares de mantenimiento.
Social: Escuelas Bicentenario y primer nivel de salud como proyectos-país.
Fiscal: senda para déficit con techo de gasto corriente, revisión de exoneraciones ineficientes y compras públicas 100 % trazables.
Transparencia: datos abiertos, auditoría continua y cláusula de estabilidad regulatoria hasta la transmisión de mando.
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