APCI: Canciller Elmer Schialer confirma que reglamento de nueva ley ya está listo y será presentado antes del 14 de julio
La fiscalización recaerá en una nueva unidad especializada de SUNAT.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el reglamento para aplicar la reciente Ley de Fortalecimiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) se encuentra en etapa final y será remitido al despacho del canciller antes del 14 de julio, conforme lo establece el plazo legal.
El titular de la Cancillería, Elmer Schialer, brindó esta información durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por la legisladora Auristela Obando.
Durante la sesión, el congresista Alejandro Aguinaga solicitó con carácter de urgencia la entrega del expediente sancionador completo contra el Instituto de Defensa Legal (IDL), tras revelarse un informe de la APCI que detectó irregularidades en el uso de fondos provenientes de la cooperación internacional.
“Solicito conocer las acciones adoptadas por la APCI y las razones por las que la sanción no fue publicada en su portal institucional”, reclamó Aguinaga, en referencia al reportaje emitido por Willax TV que dio cuenta de una multa superior a los S/ 34 mil impuesta a IDL.
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En respuesta, el canciller aseguró que tanto el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como el Reglamento de Infracciones y Fiscalización (RIF) ya han sido elaborados. “Esto está en la puerta del horno. La semana próxima llegará a mi despacho para revisarlo y proponerlo conforme al procedimiento legal correspondiente”, indicó Schialer.
Además, el funcionario adelantó que el nuevo marco normativo fortalecerá los mecanismos de supervisión sobre las ONG que reciben fondos extranjeros. Precisó que se articularán esfuerzos con entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Sunat para realizar un seguimiento más minucioso del uso de estos recursos. “Una de las variaciones importantes es una amplia y profunda intervención de la UIF en los temas de entidades extranjeras que suministran fondos”, puntualizó.
Vale recordar que el Congreso aprobó el texto sustitutorio que redefine el modelo de fiscalización de las ONG, dejando sin efecto la propuesta inicial de crear una intendencia autónoma. En su lugar, se estableció una unidad especializada dentro de la Sunat, que trabajará junto a la APCI y la UIF para fiscalizar el destino de las donaciones externas. Dicha unidad operará con presupuesto propio de las instituciones involucradas, sin generar gastos adicionales al erario nacional.
El dictamen también establece sanciones por infracciones muy graves, entre ellas el uso de fondos de cooperación para actividades que vulneren el orden público o la seguridad nacional. Las sanciones incluyen desde amonestaciones escritas hasta multas de 500 UIT y la cancelación del registro correspondiente. Además, se obliga a todas las entidades gestoras de cooperación a registrar sus proyectos y gastos, incluso cuando no participen organismos del Estado.
Mientras tanto, el Congreso intensifica la fiscalización de casos como el de IDL, que evidencian las debilidades actuales en el control de los fondos de cooperación internacional. Carlos Rivera, representante de IDL, denunció que el Congreso de la República estaría legislando en favor de violadores de derechos humanos, aludiendo a normas recientes como la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, beneficios penitenciarios para adultos mayores, y la reciente aprobación de una ley de amnistía.
Sin embargo, su rechazo a la Ley APCI que, según él, busca regular y limitar el accionar judicial de organizaciones no gubernamentales contra el Estado— refleja una evidente contradicción: mientras IDL exige transparencia estatal y responsabilidad por crímenes, se opone a que las ONG que litigan contra el Estado rindan cuentas. Esta actitud revela una defensa corporativa y la negativa a aceptar supervisión, incluso cuando se trata de entidades que manejan fondos internacionales o ejercen presión política en el ámbito judicial.
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