Arequipa: Congresista Edwin Martínez intentó evitar desalojo y fue acusado de tráfico de influencias
Legislador se enfrenta a procuradora y reaviva debate sobre independencia judicial en el Perú.
El congresista Edwin Martínez se vio envuelto en una polémica tras intentar intervenir en un desalojo ejecutado en el anexo de Villa El Mirador, en el distrito de Uraca-Corire, provincia de Castilla, Arequipa.
Durante la operación, que fue llevada a cabo por la Procuraduría Provincial de Camaná, un grupo de invasores solicitó la ayuda del parlamentario, aparentemente con la intención de detener el proceso judicial en curso.
El hecho cobró relevancia cuando la procuradora de la Municipalidad Provincial de Camaná, Dixie Rodríguez Cervantes, confrontó directamente al congresista, recordándole que su cargo no le otorga facultades para interferir en un proceso judicial en marcha.
"¿Usted me llama como abogado o como congresista? ¿Sabe que eso es tráfico de influencias, señor? Trata de evitar usted mi trabajo al decir que es congresista. No tengo que hablar con usted", declaró Rodríguez, haciendo hincapié en la autonomía de la Procuraduría.
El desalojo, que contó con la participación de policías de Uraca-Corire, implicó la intervención en más de 100 viviendas prefabricadas, cuyos ocupantes alegaban tener permisos del municipio provincial para residir en el lugar. Sin embargo, dichos permisos no impidieron que las autoridades procedieran con la operación, generando tensiones entre los ocupantes y la fuerza pública.
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Por su parte, Edwin Martínez rechazó las acusaciones de tráfico de influencias, argumentando que su intervención fue la de un ciudadano común que se opone a lo que considera una injusticia.
"Mientras no incurra en un delito o en una falta, no tengo temor de hablar con el propio presidente. Soy un ciudadano común y corriente que no le gusta la injusticia", afirmó el congresista, negando que su llamado tuviera un trasfondo político.
Este incidente reavivó el debate sobre los límites del poder político y la independencia de las instituciones judiciales en el país.
La Procuraduría Provincial de Camaná dejó claro que continuará con sus funciones sin ceder a presiones externas, mientras que la opinión pública permanece atenta a los próximos movimientos del congresista Martínez y su posible implicación en actos de tráfico de influencias.
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