Ariana Orué acusa a Gustavo Adrianzén de promover un “pensamiento golpista” tras amenaza de un posible cierre del Congreso
Críticas surgieron tras declaraciones del premier que encendieron la polémica política.
La congresista Ariana Orué cuestionó con firmeza las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien advirtió que la presidenta Dina Boluarte podría disolver el Congreso si el gabinete no obtiene la confianza tras su eventual censura. Para la legisladora de Podemos Perú, esta advertencia no solo representa una presión indebida sobre el Legislativo, sino que refleja “un pensamiento golpista”, declaró para Expreso.
Vale recordar que, durante una conferencia de prensa, Adrianzén señaló que, de producirse su censura y luego una negativa del Parlamento al nuevo gabinete, se habilitaría constitucionalmente la disolución del Congreso.
“Imagínate por un instante que censurado Adrianzén, al entrante no le den la confianza. A partir de ese momento, la presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso”, afirmó el primer ministro.
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Frente a estas palabras, Orué dijo a Expreso que condenó el tono del mensaje. “Claro que es una amenaza. Es un pensamiento golpista por parte de él”, declaró tajantemente, dejando en claro su rechazo al escenario que planteó el jefe del gabinete ministerial.
Además, la parlamentaria confirmó su respaldo al proceso de censura en curso. “Yo incluso he firmado, junto con mi bancada, para que se pueda dar la censura a Gustavo Adrianzén. Espero que con ese cambio se gestione de manera idónea lo que necesita el país”, expresó.
También manifestó que el poco tiempo que queda de gestión no justifica mantener un gabinete que, en su opinión, no responde eficazmente a las urgencias nacionales.
En paralelo al debate político, Orué propuso una medida legislativa orientada a combatir el crimen organizado. Presentó el Proyecto de Ley N.° 11065, que busca obligar a las empresas operadoras de telecomunicaciones a proporcionar a la Policía Nacional la ubicación exacta y en tiempo real de dispositivos electrónicos, tanto de forma preventiva como correctiva, para enfrentar delitos como extorsión, secuestro y homicidio.
La iniciativa exige a las compañías facilitar estos datos en un plazo máximo de 24 horas tras la solicitud, además de mantener un registro de los usuarios, incluso de líneas prepago, incorporando información biométrica. “Este proyecto busca brindar herramientas reales a nuestras fuerzas del orden para luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”, afirmó la legisladora chalaca.
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