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Cancillería: ¿qué dice el oficio del salvoconducto de la familia Castillo Paredes enviado a México?

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que se informó sobre la investigación contra la esposa del golpista.

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Fecha Publicación: 20/12/2022 - 17:33
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La Cancillería otorgó el salvoconducto que permitirá a Lilia Paredes, ex primera dama, y sus dos hijos viajar a México para asilarse en el país del norte. Además, le solicitó al embajador mexicano Pablo Monroy retirarse de tierra nacional en un plazo de 72 horas.

En el oficio enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada de México expresó que previamente, el representante del país norteamericano en el Perú había presentado un documento en el cual se le había concedido el asilo a la esposa del golpista, Lilia Paredes, y sus hijos conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

En el oficio, la Cancillería peruana también detalló que la investigación preparatoria contra Paredes Navarro que la síndica como coautora del delito de organización criminal, previsto y sancionado por el artículo 317 del Código Penal, ya había sido notificadas al Gobierno mexicano.

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«El Gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. La investigación preparatoria que se le sigue a la señora Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común», precisó la mencionada cartera.

En ese sentido, el documento sugirió que el otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Perú de solicitar la eventual extradición de la esposa de Castillo de acuerdo al Tratado de Extradición entre la República Peruana y los Estados Unidos Mexicanos de 2021, siempre que las autoridades judiciales así lo soliciten.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores actúa con apego a la legalidad y el pleno respeto a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. En el marco de sus competencias, el Gobierno del Perú defenderá con la mayor firmeza el derecho que asiste al Estado, a través de los poderes correspondientes, de combatir la corrupción y de asegurar que los responsables sean juzgados con las garantías del debido proceso para evitar la impunidad», finalizó.

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