Carlos Hernández, presidente del Parlacen: Orden, cárcel y poder, así opera el modelo Bukele
“La lucha contra las pandillas en El Salvador no solo fue una cuestión de seguridad, fue una recuperación del Estado y de la dignidad de las víctimas”, detalló.
Carlos Hernández Castillo es un joven abogado y político salvadoreño de 33 años, actual presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de El Salvador. Desde mayo de 2022, funge además como representante del Parlacen ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat).
¿Qué aprendizajes puede brindar El Salvador al Perú sobre seguridad ciudadana?
En El Salvador atravesamos una situación límite. Las pandillas dominaban y controlaban territorios. Tenían una estructura jerárquica, operaban como bandas transnacionales y recaudaban alrededor de 2,000 a 3,000 millones de dólares. Era un Estado paralelo, no solo un problema de seguridad sino de soberanía. Teníamos dos gobiernos: uno elegido democráticamente y otro impuesto por la fuerza bruta. En 2019, la población estaba profundamente descontenta tanto con ARENA (derecha) como con el FMLN (izquierda). En ese entonces, el presidente Nayib Bukele era parte del FMLN, pero fue expulsado por la cúpula izquierdista del partido, que no coincidía con su visión ni su forma de hacer política. Curiosamente, esa expulsión es de lo poco que podríamos agradecer al FMLN.
¿Lo expulsaron antes de que llegara a la presidencia?
Sí, mucho antes. A raíz de eso, se impulsó la creación de un nuevo partido: Nuevas Ideas. Esto despertó el interés de los jóvenes por involucrarse en la política, cuando antes se la percibía como sinónimo de corrupción o ineficiencia. A pesar de los obstáculos, Nayib Bukele logró postularse a través de una coalición con GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ganó la presidencia.
¿Contaba con mayoría parlamentaria al inicio de su gestión?
No. Al comenzar su mandato en 2019, la Asamblea Legislativa estaba en su contra. Aun así, el presidente Bukele tuvo claro desde el primer día que debía atender la inseguridad. Sabía que sin resolver este problema no se podía avanzar en lo económico.
Carlos Hernández, ¿cuál fue la primera medida adoptada?
El Plan Control Territorial, cuya primera fase fue de prevención. El objetivo era arrebatarle a las pandillas el control sobre la niñez y juventud, quienes eran reclutados para delinquir. Aprovechaban las leyes penales juveniles, que contemplaban penas leves, para utilizar a menores en sus crímenes. La Asamblea se oponía incluso a los préstamos destinados a mejorar el equipamiento policial. Luego llegó la pandemia, y también bloquearon las medidas sanitarias que proponía el Ejecutivo. No fue sino hasta 2021, tras las elecciones legislativas, que Nuevas Ideas obtuvo mayoría calificada con 56 de los 84 diputados. A partir de ahí, hubo una iniciativa conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Se decretaron normas de excepción?
Sí. El régimen de excepción permitió dotar de herramientas eficaces a la policía y a la fiscalía. Antes, muchos casos se archivaban por altas exigencias probatorias, y los pandilleros quedaban libres. Con estas medidas, los cambios comenzaron a notarse.
¿La reelección de Bukele fue un respaldo a estas políticas?
Sin duda. Para nosotros, fue como un referéndum sobre la política de seguridad. Si la población hubiese estado en contra, no habría votado por él. Pero obtuvo más votos que en su primera elección, lo que confirma el respaldo a su gestión.
Carlos Hernández, ¿podría sistematizarse el “método Bukele”?
Podríamos resumirlo así: como prevención, la creación de oportunidades para jóvenes, inversión en educación, centros urbanos de bienestar. En capacitación y control institucional, se formó a policías, fiscales, jueces; se combatió la corrupción interna. Respecto a inversión en seguridad, se implementaron nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura de alta eficiencia y calidad. Con la reforma penitenciaria, se hicieron controles más estrictos, una comunicación bloqueada y producción autosostenible en los establecimientos penales. Finalmente, los cambios legislativos giraron en torno a reformas penales, ampliación de plazos judiciales y un fortalecimiento institucional.
¿Qué tratamiento se da a los menores infractores?
Se han reformado las leyes. Antes, las penas eran muy leves. Ahora, aunque siguen siendo menores, la diferencia con los adultos es mínima. Por ejemplo, un delito que antes implicaba 1 o 2 años, ahora puede implicar hasta 6, mientras que para un adulto serían 8 o 10 años de pena.
Carlos Hernández, ¿existe cadena perpetua en El Salvador?
No. La pena máxima es de 30 a 35 años, especialmente en casos como homicidio calificado.
¿Los penales estaban controlados por pandillas? ¿Qué se hizo al respecto?
Sí. Desde los centros penitenciarios se ordenaban homicidios, secuestros. Por eso se bloquearon las comunicaciones, se prohibieron visitas íntimas y se aumentó el control. Estas medidas fueron fundamentales para reducir los homicidios. Además, el sistema penitenciario ahora tiene un enfoque de producción y autosostenibilidad. Por ejemplo, en las megamaquilas se fabrican uniformes y zapatos para escuelas públicas, generando productividad y devolución a la sociedad.
¿Cuántos pandilleros están detenidos?
Aproximadamente 75,000, aunque el Cecot fue diseñado para 40,000.
¿Qué responde a las críticas de organismos de derechos humanos?
Nuestra postura es clara: en El Salvador no se vulneran los derechos humanos. Se siguen los debidos procesos, no hay tortura. Lo que hay es rigurosidad legal. Pero también hay que hablar de los derechos de las víctimas, que suelen ser ignorados por estas organizaciones internacionales. No podemos perder de vista a quienes sufrieron masivamente por culpa de estas pandillas.
Carlos Hernández, ¿cómo ha reaccionado el sistema judicial ante estas reformas?
Las reformas han facilitado el trabajo judicial. Se han ampliado plazos, fortalecido la acción penal y mejorado los procedimientos. Hoy existe una mejor coordinación entre los tres poderes del Estado.
¿Están recibiendo condenados de otros países?
De Estados Unidos, sí, pero solo personas ya condenadas, no migrantes vulnerables como se ha dicho falsamente. En Europa también se aplican modelos similares, alquilando espacios penitenciarios en terceros países.
¿Sería posible que Perú envíe condenados a El Salvador?
Esa posibilidad tendría que analizarse bilateralmente. Desconozco si la legislación peruana lo permite, pero no se descarta como opción.
Sobre el tema económico: ¿cómo ha funcionado el Bitcoin?
Ha funcionado muy bien. Con las ganancias del Bitcoin construimos el hospital veterinario más grande de Centroamérica. También se ha financiado inversión pública. Claro, ha sido un proceso de aprendizaje, pero ha dado resultados positivos para el país.
¿Qué hay del impuesto a las ONG?
En algunos casos específicos, se estableció una retención del 30%. Esto responde al uso indebido de fondos por parte de ciertas ONG que manipulan comunidades con fines políticos. Ante estos abusos, el Estado decidió que una parte de las donaciones pueda ser utilizada para apoyar directamente a personas en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo marcha la recuperación económica?
Un solo ejemplo: antes El Salvador perdía población por la violencia, hoy nuestro pequeño país recibe 4 millones de turistas al año. Eso comenzó con todas las inversiones en seguridad.
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