Caso ‘Mochasueldos’: Subcomisión archiva denuncia contra Rosío Torres y frena investigación por concusión
Fiscalía la acusaba de exigir parte de los sueldos a sus trabajadores.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso bloqueó el avance de la investigación contra la congresista Rosío Torres Salinas al ordenar el archivamiento de la denuncia constitucional por concusión, presentada por la Fiscalía de la Nación.
La decisión se adoptó tras la aprobación del informe final con 15 votos a favor y 1 en contra, elaborado por el parlamentario Segundo Quiroz, quien argumentó la falta de pruebas suficientes para continuar con el proceso.
“(...) Considerando que no se han hallado elementos de convicción suficientes para continuar con el proceso, debido a que los hechos, pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público no son suficientes para configurar el delito contra la Administración Pública – Concusión, se dispone el archivamiento de la Denuncia Constitucional N.º 456 y las acumuladas (361 y 370)”, sostiene el documento avalado por la mayoría de la subcomisión. La presidenta del grupo de trabajo, María Acuña, dio lectura a la resolución en la que se dispuso el cierre definitivo del caso y la remisión de los actuados a la Comisión Permanente.
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Vale indicar que el Ministerio Público señaló a Torres por presuntamente haber exigido a los trabajadores de su despacho congresal que entregaran parte de sus remuneraciones.
Nathaly Rubio, extrabajadora de la parlamentaria, aseguró que realizaba estos pagos directamente a la legisladora.
“Mi bono era directamente con ella (Rosío Torres). Estoy segura de que la asesora 2 tuvo la orden de la congresista de hacer el recorte mensual a los trabajadores”, declaró la testigo.
Según la tesis fiscal, Torres habría organizado un sistema de cobros indebidos a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien recibió transferencias bancarias de Cecilia Salazar, exasesora de la congresista, por montos que superaban los S/24,000 en siete meses.
Esta estructura, presuntamente instalada desde su llegada al Parlamento con el partido Alianza para el Progreso, sería la base de la investigación en su contra.
Ante los indicios recopilados, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó el levantamiento del secreto bancario de Torres y de su sobrino. Sin embargo, con el archivamiento de la denuncia constitucional, la Fiscalía pierde una vía clave para continuar con el proceso contra la congresista.
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