Caso Vladimir Cerrón: empresa de peajes confirma paso de vehículo presidencial por Ica el 27 de febrero
Automóvil oficial con placa EGR-844, asignado a Palacio, cruzó el peaje en la fecha indicada.
La empresa CoviPerú confirmó este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el vehículo presidencial con placa EGR-844 transitó por el peaje de Ica el 27 de febrero. La información se enmarca en la investigación por el presunto uso de dicho automóvil en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En un documento enviado al Congreso, la empresa detalló que el vehículo, asignado al Despacho Presidencial, realizó el pago correspondiente para su paso por el peaje, a lo que adjuntaron una factura que precisa la fecha de tránsito, el importe de S/ 18,90 y la razón social del Despacho Presidencial.
Sin embargo, la empresa no logró recuperar registros fílmicos debido al límite temporal del sistema de videovigilancia, que solo conserva grabaciones por un periodo máximo de 30 días. No obstante, CoviPerú adjuntó imágenes del desplazamiento del vehículo como parte de las pruebas.
Este informe toma relevancia en medio de una serie de acusaciones que señalan que el vehículo presidencial habría sido utilizado para facilitar la huida de Cerrón, quien, según presuntos audios filtrados, habría sorteado controles policiales con la ayuda de un automóvil oficial.
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Los audios, atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, revelan detalles de una conversación en la que se sugiere que Cerrón utilizó un vehículo de Palacio de Gobierno para evadir a las autoridades. Según estos registros, "se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare", se escucha en una grabación atribuida al ministro.
Este señalamiento se suma a las crecientes dudas sobre el uso indebido de recursos estatales en la presunta fuga de Cerrón, una figura clave en la política nacional.
Pese a las declaraciones del ministro Santiváñez, negando el uso del vehículo presidencial, la información proporcionada por CoviPerú aumenta la presión sobre el Gobierno y el Ministerio del Interior para aclarar estos hechos.
La investigación sobre el caso sigue su curso, mientras que la Comisión de Fiscalización del Congreso evalúa los nuevos elementos presentados.
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