Comisión de Ética del Congreso archiva denuncia contra Juan Burgos
Acción fue presentada por Alejandro Soto por presunta difamación en semanario H13.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso archivó la denuncia presentada por el legislador Alejandro Soto contra el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), al considerar que no existían fundamentos para iniciar una investigación.
Con cinco votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario que preside Alex Paredes (BM) aprobó el informe de calificación del Expediente 207-2024-2025/CEP-CR.
Alejandro Soto acusó a Juan Burgos de presuntamente infringir el Código de Ética Parlamentaria por expresiones atribuidas al legislador en la sección “Se oyen pasos”, publicada el 7 de febrero de 2025 por el semanario H13.
A juicio del denunciante, los comentarios dañaban su buen nombre, imagen personal y comprometían la institucionalidad del Congreso.
Sin embargo, tras el análisis de la documentación, la comisión determinó que la denuncia carecía de sustento ético y resolvió su archivo definitivo. La decisión cerró el caso sin abrir investigación preliminar ni formular cargos contra el congresista de Podemos Perú.
En la misma sesión, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que propone sancionar con una amonestación escrita pública al congresista José Arriola Tueros (Acción Popular), por incumplimientos al Código de Ética y su reglamento. La medida recibió siete votos a favor y dos en contra.
Según el informe (Expediente 193-2024-2025/CEP-CR), la comisión verificó que el hijo del parlamentario, José Arriola Moreno, ingresó en 175 ocasiones al despacho congresal entre 2021 y 2024 en horario de trabajo.
Además, entregó documentos firmados por su padre al Gobierno Regional de Lima y gestionó reuniones con instituciones estatales. La comisión precisó que no se acreditó un vínculo laboral ni carácter ad honórem en sus intervenciones.
El documento concluyó que Arriola Tueros actuó con negligencia al permitir que su hijo asuma tareas propias del personal legislativo, lo que constituyó una infracción ética pasible de sanción pública.
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