Comisión de Fiscalización del Congreso respalda evaluar vacancia contra Dina Boluarte por caso Cofre, pero lo derivará al Ministerio Público: ¿por qué?
Fiscalía recibirá 2,356 folios con indicios contra presidenta.
La Comisión de Fiscalización del Congreso dio un paso significativo al aprobar por mayoría un informe que propone evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por presunta incapacidad moral permanente, en el marco del denominado caso Cofre, relacionado con el uso indebido de un vehículo presidencial.
Con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo parlamentario liderado por el congresista Juan Burgos Oliveros (Perú Patriótico) concluyó que existen indicios graves de comportamiento impropio por parte de la mandataria.
Entre las principales recomendaciones del documento, figura la posibilidad de presentar una moción de vacancia presidencial y una denuncia constitucional.
El informe, compuesto por aproximadamente 2,356 folios, será remitido a la Fiscalía de la Nación. De acuerdo con Burgos, “al no tener facultades de comisión investigadora, el Congreso no necesita aprobar este informe en el Pleno”.
No obstante, el legislador aseguró que su bancada insistirá en la reconsideración para obtener esas atribuciones, limitadas previamente por decisión parlamentaria.
Durante la investigación, la comisión identificó trabas que impidieron el acceso a información clave, como bitácoras y rutas de los vehículos presidenciales, las cuales el Ejecutivo declaró reservadas.
A juicio del grupo parlamentario, esa negativa configura una presunta acción de encubrimiento que comprometería la responsabilidad directa de la presidenta.
Vale indicar que el caso se originó tras la difusión de un audio atribuido al oficial PNP Junior Izquierdo Yarlaqué y al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, donde se menciona que el prófugo Vladimir Cerrón habría utilizado un vehículo oficial para eludir un operativo policial.
Si bien no se logró comprobar la fuga en el citado vehículo, la comisión señaló que “existen elementos que abren la posibilidad” de que ello ocurriera, considerando las rutas alternas que no pueden ser intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Asimismo, el documento critica el uso de recursos públicos durante una visita de Dina Boluarte a una residencia privada en Sarapampa, la cual, según los investigadores, habría sido escenario de reuniones con personas vinculadas a contrataciones con el Estado y al entorno cercano de la mandataria.
“Esta situación refleja un patrón preocupante que recuerda al caso Sarratea”, advirtió el informe, en alusión al escándalo que envolvió al expresidente Pedro Castillo.
Entre los asistentes al encuentro figuraron Ena Karina Ocaña Araníbar, regidora de Magdalena, y Sadji Olazábal Amao, hijo de un dirigente apurimeño presuntamente cercano a la jefa de Estado.
Según la comisión, desde que Dina Boluarte asumió funciones públicas, esa familia habría accedido a contratos con entidades estatales y acompañó a la mandataria en recientes actividades oficiales, incluso en su viaje a China.
En el curso del debate, congresistas como Isaac Mita y Segundo Montalvo (Perú Libre) rechazaron el informe y lo calificaron de “subjetivo” y “politizado”.
Mita argumentó que “no existen pruebas sólidas que justifiquen una sanción de esta magnitud”, mientras que Montalvo expresó que “carece de objetividad y solidez jurídica”.
Por el contrario, el congresista Carlos Zeballos (Bloque Magisterial) respaldó el trabajo de la comisión y consideró que “este informe puede ser un insumo útil para que se determine si hubo encubrimiento o uso indebido de bienes públicos”.
El presidente de la comisión no dejó dudas sobre su postura: “Vuelvo a instar al Congreso de la República a no renunciar a nuestra responsabilidad constitucional de fiscalizar. Algunos colegas se niegan a investigar por intereses vinculados a la presidenta, eso debe acabar”.
El informe también solicita al Ministerio Público abrir investigaciones preliminares contra al menos nueve personas, entre ellas el exministro Santiváñez y altos mandos de la Policía, por los presuntos delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de funciones y encubrimiento personal.
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